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El escaso debate en el Congreso sobre la renovación de la concesión a Perenco del pozo petrolero de Xan, Petén, ha impedido que salga a luz otra figura legal con la que el Estado podría obtener 10 veces más ingresos: el contrato por administración.

Una comparación entre las ganancias del 2006 por barril en un pozo propiedad del Estado y otro concesionado da cuenta de que Guatemala ganaría por lo menos Q1 mil millones por año si no se renueva la concesión de Perenco y pasa a tutelarlo de forma directa el Estado.

En el pozo Xan, concesionado a Perenco, se extrajeron cinco millones 495 mil 754 barriles ese año —poco más de 15 mil por día—, que es el 90 por ciento de la producción nacional. El Estado obtuvo US$12 millones 454 mil, que son US$2.26 por barril, dijo Aníbal García, diputado de Encuentro por Guatemala, que se opone a la prórroga de esos contratos.

En cambio, en Rubelsanto, Alta Verapaz —también gerenciado por Perenco, pero bajo la tutela del Estado—, las ganancias fueron de US$7 millones 668 mil por una producción de 321 mil 175 barriles anuales. Esto es US$23.87 por barril. Y los precios del petróleo en el 2006 eran menos de la mitad que los actuales. Los datos sobre ambos pozos fueron obtenidos de las estadísticas más recientes del Ministerio de Energía y Minas, del 2006.

La diferencia en los ingresos —US$21 más por barril en uno que en otro— es el tipo de contrato del Estado con la petrolera. Hace dos años, cuando venció la concesión de 25 años en Rubelsanto, ésta no se renovó, sino que el pozo pasó a ser propiedad estatal —como dice el contrato—, y se dio en administración a Perenco, con nuevas tarifas y más beneficios para el Estado.

Si no se prorroga la concesión de Petén antes del 2010, por otros 25 años, el pozo y la maquinaria de Perenco pasarían a ser propiedad del Estado, como estipula el contrato firmado hace 23 años, es decir, a ser administrado como Rubelsanto.

Pero la prórroga a los contratos fue convertida en iniciativa de ley dentro de la propuesta para la creación de un Fondo Petrolero (Fonpetrol), que distribuye mayor cantidad de regalías para los municipios vecinos de los pozos de explotación. La discusión se centró en los beneficios de Fonpetrol, y no en la prórroga de los contratos. Han pasado ya dos debates en el pleno, y ahora está en una pausa para su análisis.

Para Arturo Letona, ex viceministro de Energía y Minas, “la renovación de la concesión no es conveniente a los intereses del país, porque el Estado dejaría de percibir ingresos —que sí tendría con un contrato por administración— que podrían servir para cubrir necesidades sociales”.

Luis Ortiz, ex ministro de Energía, dijo que el tema debe estudiarse a fondo: “Con el contrato de administración, el Estado tendría más ganancias, pero más riesgos en las inversiones; es una figura mucho más dinámica”.

Área protegida

El pozo de Xan está situado en el noroeste de Petén, en Laguna del Tigre, núcleo de la Biosfera Maya, área protegida desde 1989.

El argumento que esgrimió desde mayo Carlos Meany, ministro de Energía, para promover la prórroga, es que sin ésta se perdería la inversión, porque la Ley de Áreas Protegidas prohíbe la explotación petrolera en las áreas núcleo, algo que no se tuvo en cuenta cuando se dio la concesión hace 23 años.

Según Meany y los diputados que han votado a favor del proyecto, los grupos ecologistas se opondrían a la revisión de la Ley de Áreas Protegidas y no se podría continuar con la explotación petrolera, ni por parte del Estado ni de Perenco.

El ministro ya ha convencido a los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza —con ayuda de Manuel Baldizón—, a los de la Gran Alianza Nacional —con apoyo de Manuel Barquín—, a los del Partido Patriota y a los unionistas. Los únicos en contra de la prórroga han sido Encuentro por Guatemala (EG) y el Frente Republicano Guatemalteco, que juntos suman 17 de los 158 diputados.

El diputado Aníbal García, de EG, afirmó que la intención de la bancada oficial de prorrogar los contratos es beneficiar los intereses de una petrolera, y no del país.

El argumento sobre la oposición ecologista a cambiar la Ley de Áreas Protegidas no parece tener sustento. Magalí Rey Rosa, del colectivo Madre Selva, aseveró que a pesar de que extraer petróleo en una zona núcleo no es lo ideal, es preferible que, de llevarse a cabo, se haga con la mayor cantidad de beneficios posibles para el Estado.

Se intentó obtener la opinión de Meany, pero está fuera del país y nadie en el ministerio tiene autorización para hablar del tema.