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LA PAZ (AFP) - Tres ricas regiones gasíferas del Chaco boliviano comenzaron este lunes un corte de rutas contra el presidente Evo Morales, en un marco de posiciones inflexibles del oficialismo y la oposición que impiden avizorar una solución a la aguda crisis política del país.

El bloqueo de rutas fue decidido el viernes por líderes civiles de las provincias Cordillera (departamento de Santa Cruz), Luis Calvo (Chuquisaca) y Gran Chaco (Tarija), que concentran las mayores reservas de gas de Bolivia, estimadas en 1,36 billones de m3, las segundas de la región después de Venezuela.

"El bloqueo se ha iniciado esta madrugada y dependerá de la voluntad del gobierno para levantar la medida", informó al canal ATB Felipe Moza, líder del Comité Civil de la localidad de Villamontes, 1.200 km al sureste de La Paz y próxima a la frontera con Argentina y Paraguay.

Imágenes de televisoras privadas mostraron que maquinaria pesada descargaba escombros y piedras al ingreso del poblado de Villamontes (departamento de Tarija), mientras similares acciones se producían en Yacuiba (cerca de Argentina) y otras localidades aledañas.

En la población de Pocitos, en la misma línea fronteriza con Argentina, vehículos de carga estaban varados con diversos productos, entre ellos combustible, reportó la red privada de televisión Bolivisión.

Las zonas gasíferas, reunidas el viernes, se declararon en "pie de guerra" contra el mandatario Morales por una serie de demandas políticas y económicas.

Las demandas incluyen que Brasil y Argentina paguen al menos el doble por el gas natural que compran a Bolivia (en la actualidad entre 7 y 9 dólares el millón de BTU, unidad térmica británica) y la restitución de unos 166 millones de dólares a los nueve departamentos, nacidos de un impuesto petrolero, que Morales decidió utilizar para pagar una renta anual para ancianos mayores de 60 años.

Además, rechazan la intención manifiesta del oficialismo de llamar a un nuevo referendo para validar el texto de una nueva Constitución, de cuño estatista e indigenista. El gobierno reivindica su intención por el abrumador triunfo de Morales en la consulta del 10 de agosto (67,41%).

El nuevo texto constitucional, con el que Morales pretende "refundar Bolivia", está paralizado desde su aprobación de diciembre de 2007, por el rechazo a su contenido por los prefectos y líderes civiles de cinco de los nueve departamentos del país, punto considerado neurálgico en la confrontación.

La oposición cuestiona que se llame a plebiscito por decreto presidencial, cuando la ley señala que debe existir la aprobación Congresal y pide que su demanda para crear gobiernos autónomos sea incorporada a la nueva norma.

El gobierno de Morales, que ha repudiado las protestas, emitió el domingo un decreto para encarcelar a las personas que fomenten o participen en una anunciada toma de instalaciones petroleras o en el eventual cierre de válvulas del gasoducto a Argentina.

De manera anticipada, movilizó al Ejército y la Policía para resguardar toda la infraestructura hidrocarburífera, en manos principalmente de la estatal petrolera YPFB.

Ante el temor de que se llegue a la violencia, el defensor público del Pueblo, Waldo Albarracín, demandó este lunes "una tregua a la hostilidad".

Los últimos incidentes, sin embargo, tienden a ahondar la crisis política en Bolivia, que no halla el camino del diálogo, mientras persisten las irreconciliables posiciones del oficialismo -que defiende un modelo estatista e indigenista- y la oposición -que apuntala la formación de gobiernos autónomos de cuño liberal-.