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Hasta 20 años de cárcel para aquellos funcionarios públicos que se enriquezcan en forma ilícita contempla una iniciativa de ley presentada ayer por la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala.

La legisladora resaltó que la aprobación de la figura del enriquecimiento ilícito es parte del convenio que Guatemala firmó en la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en Venezuela en 1996.

La iniciativa busca proteger el patrimonio estatal de aquellos que se aprovechan de la falta de controles del sistema para enriquecerse.

Contempla la obligatoriedad de hacer pública la declaración jurada de los funcionarios antes de que asuman en el cargo. Además, que ese documento se debe exigir al conviviente o cónyuge, hijos y demás parientes dentro de los grados de ley, así como a personas jurídicas.

Sin embargo, para ello es necesario modificar la Ley de Probidadl que, en el artículo 21, prohíbe la divulgación de los bienes de los funcionarios, citó la congresista.

La iniciativa establece penas de entre seis y 20 años de prisión inconmutables, y multas iguales al monto de los bienes que hayan sido sustraídos del erario.

La parlamentaria mencionó que se persigue no solo sancionar, sino prevenir el enriquecimiento ilícito. La propuesta de Montenegro tendrá que discutirse en una comisión legislativa, recibir dictamen favorable y pasar las tres lecturas en el pleno, para convertirse en ley.

El año pasado, en época de elecciones generales, la mayoría de candidatos a la Presidencia de la República ofreció una ley para castigar el enriquecimiento ilícito.

También se comprometieron a mejorar el sistema de transparencia Guatecompras, donde se publican cotizaciones y licitaciones del Estado.

Urge

Mayra Palencia, de la Coalición por la Transparencia, opinó que es urgente la aprobación de una normativa como la propuesta.

Comentó que para poner en práctica esta ley es necesario fortalecer la Contraloría General de Cuentas, para que pueda fiscalizar correctamente a quienes manejan fondos del Estado.

También se debe capacitar el recurso humano en la supervisión de los fondos públicos, puntualizó.