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El dinero que el Estado ha entregado a las familias de las víctimas de la guerra civil en el país como “compensación” no borra los horrores ni alivia el sufrimiento de quienes aún piden justicia contra los militares, señalan sobrevivientes de masacres.

Los únicos tres sobrevivientes de las al menos 344 matanzas ocurridas en Quiché durante el conflicto armado interno, coincidieron en que el dinero “no borra las heridas, ni el dolor, ni el sufrimiento” que les causó la brutalidad con la que fueron asesinados sus familiares, durante el “acto de resarcimiento” encabezado el pasado día 28 por el presidente Álvaro Colom.

El presidente, que lo reconoció y pidió perdón en nombre del Estado, dijo que “el dinero no va a mitigar el dolor, sólo ayudará en la parte material a las víctimas”.

Un grupo de 723 personas recibió el pasado jueves, en Santa Cruz del Quiché, una indemnización del Estado para “compensar” las atrocidades que cometió el Ejército en más de 30 años de conflicto armado.

“Ninguna vida vale 20 mil, 50 mil ni 300.000 quetzales”, enfatizó Juan Tiquiris, un representante de las víctimas de Quiché, que para el director de la Comisión Nacional de Resarcimiento, César Dávila, “son los rostros rebeldes” que resistieron la represión en el país.

Dos mujeres indígenas de la etnia K´iché, del departamento de Quiché, el más golpeado por la represión militar, relataron las imborrables secuelas que les dejó la guerra (1960-1996).

Cuanto tenía sólo 7 años, en la década de los 80, sus padres, Juan Zapón y Micaela Zúñiga, fueron secuestrados y asesinados por los militares, en una comunidad de San Andrés Sajcabajá. Isabel Zapón lo recuerda como si fuera ayer.

En una entrevista con la agencia Acan-Efe y a través de un traductor, Isabel, no pudo ocultar el dolor que le causó el recuerdo del brutal asesinato de su madre.

“Ella era muda y los militares la torturaron físicamente, querían que hablara y la mataron a golpes”, cuenta entre un llanto que eriza la piel.

“Yo estoy muy triste, sufrí mucho porque no tuve padres, me quedé muy pequeña y muy dolida”, señala Isabel, que recibió un balazo en la cabeza durante el ataque a su pueblo, del que milagrosamente se salvó.

“A mi madre la pudimos enterrar, pero los restos de mi padre no aparecen. Los militares mataron a los inocentes y son los culpables”, resaltó entre lágrimas.

Quizá, dice Isabel, “si se castiga a los culpables”, los podrá perdonar por esos crímenes.

María Ujer, también K´iché, rememoró, a su vez, cómo el 15 de febrero de 1982, los entonces patrulleros civiles (paramilitares) secuestraron y mataron a su marido Victoriano, cuyos restos siguen sin aparecer.

“Yo quedé viuda con tres niños y sin nada que comer, tuve que pedir limosna y duele mucho recordar. No lo puedo olvidar porque se me remueve el sentimiento”, relató con profundo dolor.

Ujer cree que su marido fue sepultado junto con otras víctimas de la represión militar, dentro de una iglesia de la comunidad de San Andrés Sajcabajá.

“Fui a una exhumación, pero los restos están irreconocibles y no fue posible identificar a mi esposo”, explica María, a quien, con lo poco que gana en la agricultura apenas le alcanza para comprar maíz, fríjol y sal para dar de comer a sus hijos.

“Lloro demasiado. Desde entonces sufro un dolor que no se me quita y no podré perdonar hasta que los culpables sean juzgados”, aseguró.

“Por culpa de los militares mis hijos crecieron con hambre. Ese es el gran dolor que me pasó a mí y a mucha gente”, agregó.

Más sanguinario fue el caso del marido de Concepción Julián, que con 89 años de edad, apenas puede caminar con la ayuda de su hijo Magdaleno, también originario de San Andrés Sajcabajá.

“A mi padre, Juan Tix, se lo llevó el ejército en marzo de 1982, lo torturaron, le despellejaron la espalda con un machete cuando todavía estaba vivo, luego lo mataron y lo dejaron tirado. Aún lo estamos buscando”, contó.

ACAN-EFE