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La persecución y sanción del delito, de manera diligente y transparente, desde funciones públicas de fiscales, jueces, magistrados o policías, entraña un riesgo latente para la vida de quienes combaten el crimen organizado con valentía y patriotismo, pues esa es la calificación más justa para las personas con arrojo para servir a la Nación en uno de los campos más sensibles de la seguridad ciudadana.

En una sociedad convulsa y con resabios oscurantistas como Guatemala, en donde el cumplimiento de las obligaciones jurisdiccionales son interpretadas, erróneamente, por los perseguidos por la justicia, como acciones con tesitura revanchista, resulta temeraria la aceptación de aquellos cargos para los que, por lo general, no hay muchos profesionales honestos dispuestos a desempeñarlos.

Cuando se es fiscal o juez recto e intransigente con quienes quebrantan la ley, pronto surgen odios peligrosos de parte de quienes no aceptan que, en una sociedad plagada de impunidad, existan individuos íntegros dispuestos a combatirlos y dar la cara en nombre de la ley y de una sociedad frustrada por la falta de prospectos probos que porten con dignidad el estandarte de la justicia.

Muchos de esos buenos servidores públicos han perdido la vida en el cumplimiento de su deber, luego de haber rechazado las ofertas económicas de los delincuentes para amañar y pervertir sus actuaciones, con el propósito de ser favorecidos con el archivo, desistimiento o la absolución en procesos o juicios.

Otros funcionarios que brillaron por sus ejecutorias, como el investigador venezolano Víctor Rivera, cuya experiencia permitió el esclarecimiento de numerosos secuestros, han sido víctimas de dolorosas muertes anunciadas, a causa de que se les ha despojado de la seguridad personal luego de haberlos destituido de sus funciones, no por incapacidad, sino por la deshumanización propia de la politiquería que no logra deslindar lo que debe ser la característica permanente del servicio al Estado, de los intereses espurios de la temporalidad del Gobierno.

Parecida tribulación ha de afrontar en estos días el abogado Álvaro Matus, hasta ayer fiscal de Delitos contra la Vida, quien fue obligado a renunciar no obstante su carrera de 14 años en el Ministerio Público y los excelentes resultados alcanzados en su último cargo, el que, por cierto, la providencia le permitió coronar ayer con la captura del ex diputado Manuel Castillo y, con ello, dejar virtualmente resuelta la muerte de tres diputados salvadoreños y su chofer, pues solo queda pendiente la detención de un sospechoso en aquel caso de alto impacto.

Luego de la destitución de Matus, la incertidumbre de su cesantía se complicaría si, tras esta ingrata forma del Gobierno de reconocer los servicios prestados al país, se le despoja de la protección que ha recibido, pues no ignoran el presidente de la República, el ministro de Gobernación y el fiscal general de la República que el crimen organizado le tiene puesto un precio a su cabeza.

Este riesgo pone a prueba la sensibilidad del presidente Colom, quien no ha de querer que ocurra otro drama como el que sufre la familia del señor Rivera.