Prensa Libre - Edición Electrónica

Termino estos apuntes acerca de la corrupción administrativa, recordando que es un fenómeno intoxicante de los sistemas “democráticos” en varias regiones del mundo, incluidos los países latinoamericanos y, desde luego, el de Guatemala, como se ha visto casi todo el tiempo, en forma por demás escandalosa, como la de estos días.

Para contrarrestarlo, bajo la guía de las Naciones Unidas, por una parte, y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por la otra, se han firmado convenciones y pactos entre los que figuran los siguientes:

Convención interamericana contra la corrupción, aprobada por la OEA el 29 de marzo de 19961.

Convenio contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las comunidades europeas o de los estados miembros de la Unión Europea, aprobado por el Consejo de la Unión Europea el 26 de mayo de 1972.

Convenio de lucha contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, aprobado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, el 21 de noviembre de 1973.

Convenio de Derecho Penal sobre la corrupción, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, el 27 de enero de 1994.

Convenio de Derecho Civil sobre la corrupción, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, el 4 de noviembre de 1995.

Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción, aprobada por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, el 12 de julio del 2003.

Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada, vigente desde el 29 de septiembre del 2003.

A todo lo cual se deben agregar varios convenios bilaterales que, en Centroamérica, han sido firmados por representantes de distintos gobiernos de nuestro país.

En todos los acuerdos internacionales citados, los representantes de los gobiernos expresan preocupación por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción a la estabilidad y seguridad de las sociedades, por cuanto socava las instituciones públicas y los valores de la democracia, la ética y la justicia, al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley.

También señalan los vínculos existentes entre la corrupción y otras formas de delincuencia y, muy en particular, la delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero.

Y no pasaron inadvertidos para ellos los casos de corrupción que entrañan grandes cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción importante de los recursos de los Estados, por lo que es amenazada la estabilidad política y el desarrollo sostenible de la población, lo cual es gravísimo en países como el nuestro, donde la miseria es notoria, a tal punto que algunas comunidades son víctimas de la hambruna.

Vistas así las cosas, los firmantes se declaran convencidos de que la corrupción ha dejado de ser un problema local para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella.

En nuestro patio, una de las consecuencias de meter ilegalmente manos en los fondos estatales es el enriquecimiento personal ilícito, profundamente dañino para las instituciones democráticas aunque éstas pueden resistir el paso del tiempo, por cuanto siempre habrá una forma de determinar la responsabilidad individual en cada caso.