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Según se conoció oficialmente el viernes último, la Comunidad Europea manifestó su deseo de que los fondos obtenidos por Guatemala en materia de colaboración económica sean utilizados en forma prioritaria para mejorar la seguridad. Esta condición no debe sorprender a nadie, porque un país asolado por la delincuencia, como ésta ya domina y se afianza en el territorio nacional, no puede en manera alguna avanzar en ninguno de los campos de la vida humana.

Sin embargo, esa inversión no significará cambios importantes si no es acompañada de esfuerzos igualmente sólidos para mejorar el sistema de justicia, en vista de que de nada sirve que las fuerzas de seguridad cumplan con su tarea de combatir la delincuencia, si esto no incluye una efectividad igual en los tribunales. Son demasiadas las ocasiones en que los criminales pueden salir libres, siendo culpables, lo cual decepciona no solo a la población en general, sino a quienes cumplen su trabajo de apresar a los malhechores.

Se trata de un problema que abarca el área de los sueldos pagados a quienes trabajan tanto en el sistema de justicia como en los distintos cuerpos policiales. Obviamente, la corrupción será más fácil si las ofertas fraudulentas equivalen a un alto porcentaje del ingreso mensual de este tipo de trabajadores del Estado. Un salario decoroso es fundamental para el funcionamiento adecuado de las instituciones.

Otro factor primordial lo constituye otorgar equipos adecuados y modernos y cursos de capacitación en todos los temas. Igualmente importante es la motivación interna, pues ahora el personal de cualquier nivel en éstas percibe y recibe muestras de rechazo y de desconfianza populares. Todo ello ayudará al sistema relacionado con la justicia en cualquiera de sus áreas.

La ineficiencia actual se traduce en ejemplos espeluznantes, como el múltiple asesinato y decapitación de los delincuentes mareros apresados en Pavoncito, y el vil asesinato de un niño de 8 años que había sido secuestrado un par de días antes en una aldea de Huehuetenango, hecho por el cual la Policía capturó a dos mujeres, quienes son familiares de dos condenados a prisión por secuestro. Los justificadamente indignados vecinos querían linchar a las dos acusadas, pero las autoridades lograron evitarlo. Si este caso no es resuelto o se tarda demasiado, contribuirá a que los ciudadanos se tomen la justicia por propia mano.

La condición impuesta por los países amigos no puede ser considerada una intromisión en los asuntos guatemaltecos. Tiene lógica: el dinero que se otorga desde el extranjero para otro tipo de proyectos se desperdicia, como consecuencia indirecta de la inseguridad. El progreso del país tiene relación con numerosos aspectos que no son evidentes, pero sí fundamentales. El esfuerzo para hacer eficiente el sistema policial y judicial tiene, entonces, el resultado de un beneficio integral, que alcanza de manera directa o indirecta a todos los sectores poblacionales. De ahí su gran importancia.