Prensa Libre - Edición Electrónica

EXISTE UNA SERIE DE FIGURAS legales, ahora convertidas en sinónimos de burla a la ley, sobre todo a su espíritu. Me refiero al antejuicio, a la inmunidad parlamentaria, a las interpelaciones, a las organizaciones no gubernamentales y a los fideicomisos. Se justifica tenerlas en el ordenamiento jurídico, pero debido a su proliferación y a su empleo torcido en demasiadas ocasiones, se han convertido en formas de pasar encima de la ley. El proceso se ha gestado desde hace ya un par de décadas, al punto de desprestigiar a todas estas instituciones, lo cual constituye una generalización, y por ello en muchos casos es injusta. Creo conveniente hacer un breve resumen de lo acontecido a partir del inicio de la actual etapa de democracia electoral.

EL ANTEJUICIO ES CORRECTO. Sirve para evitarle a determinados funcionarios públicos ser víctimas de acusaciones y juicios sin fundamento, por lo cual tiene como objetivo eliminar las presiones políticas. Pero no es sinónimo de impunidad de estos funcionarios. Se convirtió, de hecho, en eso, cuando el Congreso de mayoría democratacristiana impidió el juicio de un alto jerarca del partido, debido a la muerte no explicada de una joven amiga suya. Algo similar ocurre con las interpelaciones a los ministros. Ninguna de ellas ha tenido resultado positivo, en realidad, porque a causa de la minoría de parlamentarios interpelantes, todo se reduce a un cambio de impresiones o a demostrar la poca capacidad de los integrantes del Gabinete.

LAS ORGANIZACIONES no gubernamentales llegaron al país como una opción adicional al trabajo del Gobierno. Al ser instituciones privadas, en el plano teórico deben agregar la motivación y la eficiencia del sector empresarial. Sin embargo, la realidad ha puesto en evidencia un problema muy serio: convertirse en la posibilidad de administrar sin mucho control fondos gubernativos. Además de eso, muchas veces son entidades abiertas a la luz pública pocas semanas antes de recibir grandes sumas de dinero y de pertenecer a personas relacionadas familiar o políticamente con altos funcionarios. Lo peor, hasta instituciones internacionales de ayuda económica han caído en esto, y debido a ello el concepto de ONG sufre ahora de desprestigio.

ALGO SIMILAR OCURRE con los fideicomisos. Su significado es: disposición por la cual alguien encomienda sus bienes a la buena fe a otra persona, quien debe invertirla de la manera como se señala. En el caso del Estado, el dinero debe ser invertido en obras específicas. En la práctica, esta figura, útil en tantas ocasiones, se ha convertido en la manera fácil de dejar todos estos gastos y manejos económicos fuera del alcance de la Contraloría de Cuentas o de cualquier otra institución gubernativa de control. Debido a ello, mientras más fideicomisos son creados y mayor es la suma de dinero otorgada, también mayores son las fundadas sospechas de contubernios entre funcionarios y sus amigos personales, así como sus parientes cercanos.

EL CONGRESO INTENTA, a través de nuevas leyes, castigar a quienes se aprovechen para desprestigiar cualquiera de estos mecanismos legales. Pero la solución no va por ese camino. En realidad, pasa por la convención personal de no actuar de manera inmoral, sobre todo cuando el dinero proviene de los impuestos de un país como Guatemala, tan necesitado de una adecuada inversión. Sin embargo, es adecuada la idea de establecer más controles o de hacerlos eficientes para el manejo del dinero público, sin importar el tipo de entidad privada o gubernativa a la cual se le otorgan los fondos. Los fideicomisos y las ONG son instrumentos adecuados de desarrollo cuando están en buenas manos, de lo cual también hay pruebas fehacientes.