Prensa Libre - Edición Electrónica

Recientemente, el diariooficial publicó el decreto 68-2008 del Congreso de la República, el que contiene reformas a la Ley Orgánica del citado cuerpo legislativo. Si hemos de atenernos al texto de la ley, debemos creer que se trata de una novedad emitida de buena fe y con el propósito de elevar la imagen de la representación nacional. Lo primero debemos aceptarlo, porque como dicen los juristas: la buena fe se presume. Lo segundo, también se debe reconocer como el ánimo de las instituciones de recuperar —si es que alguna vez la tuvieron— la credibilidad ante la sociedad.

El gran problema que tenemos es el relativo a la gobernabilidad, que aquí y en otras partes se desmerece por la actitud de dignatarios y funcionarios que se han descuidado en su obligación de responder con lealtad y veracidad al pueblo. El paisaje institucional se ha visto empañado por tantos cargos de ineficiencia, improvisación y corrupción que se han señalado, en particular por los medios de comunicación. En este último caso, cumpliendo, por su parte, con un deber frente al público lector y no lector que necesita de una información frecuente y, digámoslo también, valiente de denuncia, que ha venido, en cierta forma, a ser un modo relativamente eficaz para detener una avalancha del mal aprovechamiento de los cargos en beneficio personal. Esta función de la Prensa ha sido cuestionada por todos los equipos de gobierno, sean del tinte que sean, pero se debe cumplir para coadyuvar a depurar la administración pública, que no es más que la encargada de gastar los recursos que el pueblo le suministra.

Pues bien, como diría el poeta Manuel Acuña, yo necesito decir que esa reforma introducida por el Congreso corresponde a ese ánimo depurador, esclarecedor y expiatorio que se espera de todos los órganos del poder. El decreto —y esto es materia que deberían comentar los articulistas que entienden de estos menesteres con más propiedad que su servidor— contiene una serie de normas que, a mi criterio, buscan una mejor organización institucional del Congreso, creando las direcciones responsables de cada una de sus áreas; establece una responsabilidad directa de toda la Junta Directiva en el manejo del patrimonio del Organismo, y se propone la transparencia. Esto último quizás no hubiera sido tan necesario, porque ya se aprobó la Ley de Acceso a la Información, que prevé muchas de las circunstancias a que la reforma se refiere.

Agrega una obligación para que comparezcan ante el Congreso y sus comisiones o bloques legislativos las personas que administren, custodien o reciban recursos del Estado. Esto parece muy bien, siempre que no se abuse de ese privilegio, como en cierta forma ha sucedido cuando bajo el pretexto de la fiscalización algunos diputados han pretendido interferir en ciertas funciones del Ejecutivo, obligando a sus funcionarios a comparecer docenas de veces por el mismo asunto, por lo que todo debe manejarse con moderación y respeto, atributos que no chocan con la energía para cumplir las obligaciones parlamentarias. A propósito, es de esperar que, ante la reforma de la ley, los diputados moderen su lenguaje público y no incurran en señalamientos unilaterales de una evidente grosería, que no es nada ejemplar para los jóvenes del país. Si la reforma tiene éxito, habrá que hacerle abono de ello a su actual presidente, y de su continuidad tendrá que asumir responsabilidad quien le suceda en el cargo. Para bien de nuestro país, deseamos que ambos salgan airosos de esa difícil prueba.

pinto_flores@hotmail.com