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El incremento de vapuleos y linchamientos de supuestos delincuentes en este departamento obedece, según especialistas en el tema, a que el sistema de justicia no está identificado con las comunidades.

El hecho de que los operadores de justicia —la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ)— no hablen la lengua del lugar es causa del vacío entre pobladores y las autoridades.

Además está la intolerancia, la prepotencia y la corrupción de los operadores de justicia. Por ello, comunitarios prefieren ser jueces y verdugos colectivos de los transgresores.

Según organizaciones de los derechos humanos, en el 2008 han ocurrido 23 conatos de linchamiento en municipios huehuetecos.

Uno terminó fatalmente en San Sebastián, y otros tres presuntos delincuentes fueron ajusticiados por una turba en Nentón y sus restos no fueron encontrados. La PNC solo tiene siete casos registrados.

Población está cansada

Mario Carillo, dirigente campesino de Santa Bárbara, donde han ocurrido tres intentos de linchamiento, declaró que la población está cansada de que delincuentes recuperen pronto su libertad y de la corrupción que, según él, impera entre las autoridades. “Hemos tenido que tomar la ley por nuestras manos para lograr la tranquilidad en la comunidad”, refirió.

Érick Villatoro, de la Auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos, aseguró que ha influido la falta de identificación cultural de operadores de justicia. “No se trata solo de que hablen el mismo idioma, sino que conozcan acerca de la vida del lugar”, destacó.

Ejemplificó con Todos Santos Cuchumatán, donde pese a que hay junta local de seguridad, la PNC no ha logrado comunicarse con la población. Allí se han registrado cinco conatos de linchamientos, en el 2008.

Byron Herrera, de la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos, expresó que los linchamientos son en parte por los resentimientos de mucha gente por el conflicto armado interno. “Hay heridas que aún no sanan, y juegan un factor en esto”, afirmó.

Además, René Mérida, de la Red Departamental de Atención a Conflictos, ha percibido la frustración de los comunitarios, debido a “la inoperancia” del sistema de justicia. “En un linchamiento, la población desfoga frustración y descontento acumulado”, enfatizó.

Mejor la Prensa

La turba no llama a los operadores de justicia para entregar a los detenidos, sino prefiere a la Prensa para exhibir su necesidad de justicia, insatisfecha por el Gobierno

Las multitudes, por lo general, son dirigidas a linchamientos por pequeños grupos de personas. “Es un aspecto que no se ha considerado, pero podría tratarse de una lucha por control de territorio que causa ingobernabilidad”, analizó Mérida.

Reyes Eleázar Ochoa, juez de Primera Instancia Penal, aseveró que las detenciones, vapuleos y linchamientos son ilegales. Propone como solución que un contingente de fuerzas de seguridad disuada turbas y haga imperar la ley. “Debemos cumplirla, pues existen mecanismos para acceder a la justicia”, insistió.