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El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, reconoció ayer que el crimen organizado y el narcotráfico han evolucionado hacia formas más violentas de operar que no se habían visto antes, y que se requiere de estrategias “excepcionales”.

“El país enfrenta este año una situación nueva: hay expresiones más violentas por parte del crimen organizado, se ve mayor uso de armas largas y asesinatos masivos. Es similar a lo que ha ocurrido en México, por lo que se podría decir que hay un desplazamiento de esa violencia hacia nuestro país”, aseguró el funcionario durante una conferencia de prensa improvisada, en el Congreso, antes de su interpelación.

“Es algo que no habíamos visto antes, y que requerirá medidas excepcionales”, afirmó Jiménez. Refirió que ayer por la mañana se reunió el Consejo Nacional de Seguridad —integrado por el presidente Álvaro Colom, el vicepresidente Rafael Espada, la Cancillería, el Ministerio de Gobernación y el de Defensa, entre otros—, para definir un plan en ese sentido, aunque no detalló qué acciones contemplará.

“El crimen organizado evoluciona, y no tiene fronteras; además, según datos de Naciones Unidas, tiene financiamiento de US$36 mil millones —Q277.2 mil millones—, y el Estado debe combatirlo con sus recursos limitados”, enfatizó el ministro.

Insistió en que solucionar ese problema es asunto de todos, ya que se necesitan no solo medidas para combatir el crimen organizado o terminar con la impunidad, sino también para prevenir el consumo de drogas, especialmente entre los jóvenes. “Las acciones deben ser integrales, y abarcar no solo el ámbito de seguridad, sino también el de educación y salud, por ejemplo”, aseveró Jiménez.

El ministro reconoció que hay debilidades en materia de seguridad, ya que no se cuenta con suficiente cobertura, ni de la Policía Nacional Civil (PNC) ni del Ejército, para resguardar fronteras o áreas con mayor riesgo frente a la delincuencia organizada.

Citó como ejemplo que en Huehuetenango —donde el domingo recién pasado se enfrentaron grupos de narcotraficantes guatemaltecos y mexicanos, con saldo de al menos 17 muertes— “no hay suficientes elementos de las fuerzas armadas, para el tipo de territorio que es”.

En ese departamento hay asignados 403 agentes de la PNC, aunque tras aquella masacre se han movilizado efectivos del Servicio de Análisis e Información Antinarcótica (SAIA) y del Ejército, entre otros.

“Tenemos controlada el área, en el sentido de que no se repetirá un hecho como el del domingo. Pero controlar el crimen organizado en esa región será un proceso para el que hay que definir un plan de permanencia, entre otros”, dijo.

Jiménez también admitió que en la PNC se han infiltrado el crimen organizado y el narcotráfico, pero aseguró que se trabaja en depurar esa institución.