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La inseguridad y la violencia han encontrado “tierra fértil” en Guatemala, ya que año con año los hechos de sangre rompen marcas y los delincuentes actúan con impunidad, lo cual mantiene a la población con temor y psicosis, ante lo cual diversos sectores expresan preocupación y opinan que la situación está lejos de resolverse.

Representantes sindicales, de las iglesias, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la sociedad civil, empresarios y políticos coincidieron en que la población vive con temor, y criticaron la falta de acciones contra la inseguridad.

Para José Pinzón, de la Central General de Trabajadores de Guatemala, la situación de inseguridad en el país es grave.

Expresó: “Nadie espera milagros. Estamos convencidos de que el Gobierno debe tomar acciones y dar confianza a la sociedad, porque estamos a expensas del crimen organizado, y es grave”.

Agregó que espera que el Gabinete asuma la responsabilidad y no se deje solo al Ministerio de Gobernación ni se dé la pauta para que el Ejército actúe, como en los años 1980.

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, afirmó: “La violencia se viene dando desde hace varios años. El incremento de la misma en los últimos meses de este año es preocupante. En primer lugar, lamentamos que el crimen esté cobrando tantas vidas y enlutando miles de hogares”.

Hizo énfasis en que es necesario que las distintas autoridades tomen medidas enérgicas e inmediatas, ya que sumarle altos índices de violencia a la crisis económica no contribuye a que el país se pueda encaminar por la ruta del desarrollo.

El pastor evangélico Carlos Luna calificó de terrible la violencia en el país, y aseveró: “Es inconcebible la situación de inseguridad que vivimos. Estamos orando por Guatemala. Esta situación es la consecuencia, no de la falta de determinación de este gobierno, sino del deterioro de una sociedad, de años atrás para hoy”.

Urgen acciones

Eleonora Muralles, de Familiares y Amigos frente a la Delincuencia y el Secuestro (FADS), expuso: “La situación es muy complicada; lo vivimos a diario; la inseguridad va para arriba, y lo reconocen las autoridades”.

“Creemos que viene acumulándose el problema, porque no han encontrado el camino para resolverlo. Hay cosas que debieron hacerse ya; acciones como colocar bloqueadores en las prisiones, para evitar el contacto del criminal con la gente que está afuera, ayudarían a disminuir la sensación de inseguridad que generan las extorsiones y secuestros”, añadió.

Respecto del Ministerio de Gobernación, la activista dijo que, en teoría, ellos están claros en lo que ocurre, pero tienen la obligación de saber qué hacer y asesorarse con otros países con experiencias similares.

Muralles opinó que las últimas acciones de la Policía, donde obtuvo éxito, no son suficientes. Es el camino correcto, pero exige que los éxitos se multipliquen. “Deben tomar decisiones, aunque esas medidas causen reacciones de las mafias”, enfatizó.

Señala vacío e ineficiencia

Otto Pérez Molina, líder de oposición, afirmó: “Estamos a casi un año de gobierno, y se observa un gran vacío de autoridad que la delincuencia y la violencia han sabido aprovechar. La violencia aumenta, y se ve que el presidente y el ministro de Gobernación desconocen la situación”.

“Es preocupante que el gobernante se dé cuenta 10 meses después de la realidad de la situación. Es triste ver que no tienen ni tenían la gente adecuada para combatir la violencia. Dijeron que la violencia se combatía con inteligencia, pero no la han aplicado”, agregó.

“En un corto plazo, la situación se va a seguir deteriorando, y no es ser pesimista, pero se ve que no hay planes ni tienen la solución”, agregó.

Respuesta del Gobierno

El vicepresidente Rafael Espada reconoce lo delicado de la situación. “Hay una violencia tremenda, que está en nuestras narices”, expresó.

Aseguró que tienen planes para combatir la ola de violencia, pero, por seguridad, no pueden darlos a conocer.

“La razón de inseguridad es producto de la pobreza y falta de oportunidades, que se junta con el narcotráfico y el crimen organizado”, explicó Espada.

Evalúa gestiones

La Procuraduría de los Derechos Humanos evaluó las últimas tres administraciones del Ministerio de Gobernación: Adela Camacho de Torrebiarte, Vinicio Gómez y Francisco Jiménez.

La conclusión fue que durante el primer mes de Camacho de Torrebiarte se logró reducir la tasa mensual de homicidios, de 525 a 475.

Durante la gestión de Gómez, los homicidios se mantuvieron en 480, pero no sucede lo mismo con la actual, ya que la tasa aumentó a 558.

“Se demuestra la diferencia en las acciones, lo que no es normal ni bueno”, manifestó Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos.