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Washington. Los gobiernos de Guatemala y Belice firmaron ayer el acuerdo con el cual se comprometen a llevar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el diferendo territorial y que ésta resuelva, aunque antes los ciudadanos de ambos países deberán indicar en consulta popular si están de acuerdo con esa disposición.

En el acuerdo firmado ayer en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se establece que la pregunta que se someterá a consulta popular sería: ¿Está usted de acuerdo con que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice, sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios, sea sometido a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva, y que ésta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de ambos países?

Ambos gobiernos se comprometen a poner fin al diferendo territorial, en un proceso que podría tomar más de cuatro años. Guatemala reclamó como suyos 12 mil 700 kilómetros cuadrados de los 22 mil 965 del territorio de esa ex colonia británica desde 1860, así como de islas e islotes.

Haroldo Rodas, canciller de este país, Wilfred Erlington, de Belice, y José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, firmaron el documento “Acuerdo especial entre Guatemala y Belice para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia”.

Se espera iniciar un nuevo proceso para ponerle fin a un problema que tiene más de 150 años, según comentaron todos los participantes al evento, que además calificaron de “histórico y relevante el evento”.

Los dos países prometieron dar “toda la información que sea necesaria a la población” para que emitan un voto informado.

“Vamos a realizar una campaña informativa amplia, para que la población pueda conocer a detalles nuestros argumentos y por qué es importante pedir la intervención de la Corte Internacional de Justicia”, explicó Rodas.

Indicó que el presidente Álvaro Colom enviará la propuesta al Congreso para que la conozcan, discutan y puedan aprobarla. Después deberán solicitar al Tribunal Supremo Electoral que convoque a la consulta popular.

Si beliceños y guatemaltecos coinciden en solicitar la intervención de la CIJ, el proceso podría tomar más de dos años solo para conocer las argumentaciones y detalles de ambos casos. A este tiempo se debe añadir el que requiera el trámite de la consulta; se calcula que por lo menos cuatro años se necesitan para llevar a cabo los compromisos firmados ayer.

El Centro para la Defensa de la Constitución solicitó que la disputa se dilucide en la Cámara de Arbitraje de la CIJ.