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Al hacer un balance sobre el trabajo del Legislativo en el 2008, analistas encuentran difícil hallar aspectos positivos. En cambio, coinciden en que se hizo poco por el país, mientras ese organismo vio duramente dañada su imagen, y mermadas su credibilidad y legitimidad.

“Se supone que los diputados fueron electos para promover el bienestar común, pero este año no lograron plantear ninguna solución a los problemas del país”, aseguró Heidy de Mata, directora de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos.

“Aunque se aprobaron algunas leyes importantes —como la de acceso a la información, o la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, entre otras—, también las hubo con clara dedicatoria a favorecer intereses monopólicos —como la rebaja del Impuesto Sobre la Renta para los canales de televisión abierta, o la prohibición de que se paute publicidad en el canal de la Academia de Lenguas Mayas”, opinó José Carlos Sanabria, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

Todo ello, sumado al desfalco de Q82.8 millones —que fueron desviados a la casa de bolsa Mercado de Futuros, S.A. (MDF), en febrero último, y que aún no han sido recuperados—, condujo a la pérdida de credibilidad en el Congreso, apuntó De Mata.

Por ese hecho, Eduardo Meyer renunció en agosto recién pasado a la presidencia del Legislativo, y ahora enfrenta cargos. El gerente de MDF, Raúl Girón, guarda prisión mientras se resuelve su participación en el caso; en tanto que José Conde y Byron Sánchez, ex jefe financiero de ese organismo y ex secretario privado de Meyer, respectivamente, se encuentran prófugos, pues orquestaron ese desvío.

Sanabria coincidió en que el desgaste que ocasionó esa millonaria transacción fue severo. “Los señalamientos de corrupción y nepotismo ocasionaron que la población perdiera confianza en ese organismo”. Refirió que mediciones de Asíes revelaron que solo 42 por ciento de los guatemaltecos sigue confiando en el Legislativo.

Pero Arístides Crespo, presidente del Congreso, opinó que de esa crisis —que reconoce “será difícil superar”— hubo resultados positivos, como que ahora los ahorros de ese organismo estén depositados en el Banco de Guatemala, tal como lo manda la ley, y que se reformara la Ley Orgánica del Legislativo, para separar las funciones administrativas de las políticas. Las primeras estarán ahora a cargo de un director general, que será nombrado a partir de un concurso de oposición.

Resaltó que no todo fue oscuro, y que se aprobaron leyes importantes, como la que tipifica el delito de femicidio; la que fija procedimientos y plazos para las extradiciones; y las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, para evitar que los jueces permanezcan en su cargo cuando su período ha expirado, entre otras.

Seguridad quedó en el tintero

Pero en materia de seguridad, quedaron más leyes pendientes que aprobadas. “Lo único que se puede rescatar es la Ley marco del Sistema Nacional de Seguridad. Nada más”, criticó Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack.

Es que a pesar de los reclamos de la sociedad civil, y de las múltiples visitas y recomendaciones de Carlos Castresana, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), los legisladores no consiguieron ponerse de acuerdo para aprobar la ley de armas y municiones, que tiene más de cuatro años en espera.

Ésta regularía la tenencia y portación de las armas de fuego, pero los congresistas aún disienten sobre cuál será la cantidad permitida para cada persona y, aunque efectuaron un seminario para buscar consensos, éste progresó poco, y al final se optó por dejar para el pleno aquella decisión.

A Luis Mendoza, presidente de la Comisión de Gobernación —encargada de dictaminar sobre esa iniciativa—, se le acusó de ser propietario de armerías, señalamiento que él negó. “Pusimos a drácula a cuidar el banco de sangre”, bromeó en su momento Mario Taracena, jefe de la bancada oficial. Pero para finales del período legislativo cambió de parecer, y aseguró que aquel diputado, entonces uneísta, estaba “haciendo un buen trabajo”.

La ley que regulará a las empresas de seguridad privada tampoco fue discutida este año, con lo que entrará a su quinto año empantanada.

Otras de las recomendaciones de la Cicig, como reformar la Ley de Amparo, para imposibilitar o restringir “la posibilidad de que las estructuras criminales (...) utilicen esta acción, para procurarse impunidad”, al abusar de esa garantía constitucional, o “establecer límites al uso abusivo del antejuicio”, para evitar que se obstruya la justicia, también quedaron en el tintero.

Más pugnas que leyes

De Mata consideró que los escasos resultados en materia de legislación se deben a que las bancadas estuvieron más tiempo “enfrascadas en pugnas internas”, que en legislar en beneficio del país. “No se vio un compromiso en ese sentido; prevalecieron los intereses particulares”, lamentó.

Durante el año, la mayoría de bancadas experimentó conflictos en sus filas; muchas incluso se resquebrajaron debido a ellos. El bloque oficial fue el más afectado, ya que las tensiones comenzaron desde enero último, sin que lograran resolverse durante el año.

De 51 diputados que integraban la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), solo quedan 39. Otros 11, allegados al diputado Manuel Baldizón, forman parte ahora de un nuevo bloque, denominado Libertad Democrática.

Ese grupo ha amenazado desde su surgimiento, a principios de este mes, con ser una férrea oposición al partido oficial, que continúa en el ojo del huracán, debido a un proceso en su tribunal de honor contra Baldizón, por indisciplina.

Éste ha argumentado que se trata de un bloqueo a su candidatura a la secretaría general de esa agrupación.

La Gran Alianza Nacional fue de las que se dividieron tan pronto como sus legisladores asumieron sus cargos, a causa de pugnas por presidir comisiones, entre otras causas. Ahora, 13 de ellos, junto a tres disidentes del Partido Patriota (PP), conforman la Bancada Guatemala.

Débil oposición

El papel de la oposición en el 2008 fue, de acuerdo con analistas, débil. Aunque en el último trimestre del año, el PP marcó su separación del resto de bancadas mayoritarias, durante gran parte del año fue afín a éstas, y apoyó las iniciativas del partido oficial.

Pero aun cuando comenzó a oponerse a las propuestas de aquéllas, su trabajo fue “más un show que una labor de fiscalización”, expuso De Mata.

Y aún con esa oposición, la UNE consiguió votos suficientes para aprobar el presupuesto del Estado para el 2009 —de Q49 mil 723 millones—, cuestionado por algunos diputados y por sectores sociales, no solo porque para financiarlo se requerirán préstamos y nuevos impuestos —pendientes de aprobar—, sino porque se incluyeron aportes a 37 organizaciones no gubernamentales, algunas de ellas, según se dice, ligadas a legisladores.

“A veces es necesario ceder”, admitió Taracena en noviembre último, tras la aprobación de ese gasto.