En un informe de auditoría, entregado el pasado 18 de diciembre recién pasado, la Contraloría General de Cuentas revela una serie de anomalías detectadas en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y varias federaciones y asociaciones.

Ese reporte demuestra que los fondos no son empleados para elevar el nivel del deporte nacional, sino para dilapidarlo y hacer ricos a unos pocos dirigentes deportivos.

EL ESTADO DESTINA una buena tajada del presupuesto nacional para el deporte, pero los resultados son magros. La CDAG, por ejemplo, recibe Q223 millones, en tanto que el Comité Olímpico Guatemalteco (COG), otros Q58 millones.

La Contraloría señala que recibió denuncias de varios deportistas que fueron inscritos en competencias en el exterior del país pero que en lugar de ellos viajaron dirigentes deportivos.

Y si no son directivos, son diputados. Ese es el caso de los tres legisladores de la Comisión de Deportes del Congreso, además del vicepresidente parlamentario, que asistieron como invitados especiales a los pasados Juegos Deportivos Panamericanos, efectuados en Río de Janeiro, Brasil. Ellos se dieron la grande, pero Guatemala apenas logró ubicarse en la casilla número 14 del medallero, con apenas siete preseas.

UN CASO ESCANDALOSO y que no se ha resuelto es la sobrevaloración por Q7 millones de una finca que fue comprada por la Asociación Nacional de Polo. El inmueble fue adquirido por Q13 millones 167 mil, cuando un avalúo anterior determinó que el precio de la finca era de Q5 millones 894 mil. Un negocio redondo para los directivos de esa asociación, pero que en realidad debe llamársele por su nombre: un robo descarado.

Por ello, el próximo gobierno y la Contraloría deben impulsar mecanismos de fiscalización y transparencia, para evitar que un reducido grupo de vividores saqueen los fondos del deporte nacional, mientras éste continúa por los suelos.