Desconocidos mataron con arma blanca a Fausto René Maldonado Torres, de 35 años, juez de Primera Instancia de Quetzaltenango. Había sido amenazado de muerte, según la Auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Quetzaltenango.

El cadáver fue encontrado en un camino de terracería que conduce a la finca Venecia, jurisdicción de San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez.

Agentes del Ministerio Público (MP) establecieron que su muerte, ocurrida el 31, fue causada por heridas en el cuello con arma blanca.

Denuncia

Carlos Martínez, auxiliar de la PDH altense, explicó que el pasado 30 de octubre del 2007 el occiso presentó una denuncia de amenazas de muerte, pero con reserva de confidencia.

Maldonado entregó a la PDH copias de una sentencia, donde asegura que hubo irregularidades y sindica a sus compañeros del Tribunal Óscar Guevara y Patricia Rodríguez de haber recibido Q30 mil.

La referida denuncia agrega que el juez Maldonado pidió a Martínez que no presentara la denuncia en el MP, porque hay fiscales que son parte de la cadena de corrupción que impera en los tribunales de Quetzaltenango, incluida la Defensoría Pública Penal.

El auxiliar de la PDH también dio a conocer que el malogrado jurista en un mensaje enviado a su celular le informó que estaba amenazado de muerte, pero una vez más pidió no hacer pública su denuncia ni buscar protección.

Durante la primera semana de diciembre, el juez ultimado denunció en San Marcos haber sido amenazado de muerte, luego de negarse a aceptar Q15 mil, para dejar en libertad a tres antisociales.

En esa oportunidad, acusó una vez más a los jueces de haber recibido dinero y a agentes del MP, de arreglar el debate a favor de los reos.

Jueza opina

Consultada vía telefónica, la jueza de Primera Instancia Patricia Rodríguez manifestó que está conmocionada por el crimen. “Condeno el asesinato y pido que lo aclare el MP de Suchitepéquez”.

Rodríguez manifestó que las declaraciones de su ex compañero de trabajo no tienen fundamento. “Espero que sean esclarecidos los señalamientos sobre mi persona”, citó.

El auxiliar de la PDH y la jueza Rodríguez coinciden en señalar que la víctima había tenido problemas en Huehuetenango y otros juzgados de la costa sur.