La interrupción del fluido eléctrico o el bloqueo de caminos, tanto por causas naturales como humanas, son dos de las diversas manifestaciones de la fragilidad nacional en aspectos neurálgicos del aparato productivo y de servicios, y del desenvolvimiento de la vida social.

No obstante las frecuentes experiencias negativas en esos ámbitos, luego del cese de las emergencias, las autoridades se olvidan de los efectos y del enorme costo económico y social, y por eso se van posponiendo, para eterna memoria, las medidas necesarias para superar la excesiva vulnerabilidad nacional.

Guatemala es un país a merced de las contingencias y, por añadidura, de la paralización en cualquier vertiente de su frágil infraestructura. Debido a eso, un viento de mediana fuerza la deja sin energía eléctrica; un derrumbe, una protesta a cual más trivial o un deslave —sólo para citar tres de sus múltiples eventualidades— bloquean el paso por cualquier carretera y aíslan del resto del país la zona del incidente.

Lo mismo sucede en la capital, en donde un vehículo con fallas mecánicas, un retén policial, un desfile o una marcha —de cualquier naturaleza— paralizan la urbe y causan elevadas pérdidas económicas, molestias y retrasos.

Por fortuna no ha ocurrido una tragedia de las dimensiones del terremoto de 1976, porque con la población actual y la falta de vías alternas y de suministro eléctrico confiable, las consecuencias serían catastróficas, especialmente para el suministro del oportuno socorro.

El caos nacional vivido ayer con la interrupción de la electricidad a causa de vientos sin la fuerza suficiente para considerarlos peligrosos, constituye otra enésima alerta a las autoridades acerca de los riesgos de restar importancia a esta descuidada realidad, por la práctica de la cultura del cortoplacismo y de dejar para “después”, y en especial en la responsabilidad de los funcionarios del futuro, las medidas exigidas por la previsión integral, sensata y oportuna.

Cuando se exige a las autoridades del sector eléctrico o del sistema vial explicaciones a las continuas deficiencias en las áreas de su trabajo, siempre creen tener la excusa perfecta para culpar a la naturaleza o a terceros, por la incompetencia y la imprevisión de sus instituciones, pero tras esa ancestral forma de capear las tormentas de los reclamos viene luego el olvido. En esto también tienen responsabilidad todos los estamentos del Estado, en donde a nadie parece importarle las consecuencias sociales de compartir una nación con la apariencia de estar sujeta a un endeble hilo y abandonada a su suerte.

Los efectos perniciosos de esta precariedad son variados en la seguridad y el bienestar de las personas y en la economía. En lo primero, porque en una contingencia se traduce en la imposibilidad de dar o recibir auxilio, y en lo segundo, por la imagen de una sociedad cuya falta de certeza jurídica y de plena vigencia de estado de Derecho se agrava con la incertidumbre física frente a la inversión y la normal operatividad de las empresas.

El costo de la confianza y la estabilidad es mucho más bajo que el de los efectos de esta peligrosa incertidumbre.