Tomemos como ejemplo los asaltos que con una frecuencia impresionante se dan en la carretera que va de Panajachel a Patzún. Con frecuencia cronométrica, a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, una banda de más de 14 maleantes fuertemente armados asalta los vehículos que transitan por esa área. Hace poco los asaltantes tenían más de 20 carros detenidos, y al estilo de los tiempos de la guerrilla, desvalijaron a todos los pasajeros. Lo hicieron con la mayor impunidad y sin ningún recato. Se conducían como si estuvieran en su casa.

Y hay razón para que estén tranquilos y confianzudos. Es que nunca pasa nada después de un asalto. No hay investigación alguna. No se envían agentes encubiertos a las aldeas circunvecinas para investigar, algo elemental que permitiría detectar a los sospechosos rápidamente. También investigar las cantinas y los prostíbulos, lugares perfectamente predecibles, sería el seguimiento lógico para detectar y capturar a estos asaltantes. Pero nada pasa. Se limitan a enviar una radiopatrulla con un par de agentes a estacionarse durante horas enteras en un solo lugar. El día que no llegan, vuelven los asaltantes, como si existiera una extraña y sospechosa simbiosis entre ambos…

“Mire Don Alfred” —me dice un conocido comerciante de Panajachel— “el problema se solucionaría si se instalara en un lugar estratégico un destacamento militar combinado. Así de simple. Una docena de soldados y unos cuantos policías con dos vehículos, patrullando en sentido contrario unas cuantas veces al día, acabarían con el problema.

Y si a esto se le agrega el despliegue de un sistema de inteligencia civil” —agregué yo— “no existiría esta impunidad que promueve el crimen, porque envía un mensaje de que el crimen paga”.

Pero ambos supimos, después de la charla, que a pesar de que escriba esta columna, o que los vecinos de Panajachel, los turistas asaltados y todos los demás ciudadanos que constantemente sufren este asedio criminal se manifiesten públicamente, griten, pataleen o se pongan en huelga de hambre frente a la plaza mayor del Palacio Nacional, la situación no variará sino para alentar aún más a los criminales que cada día se sienten más dueños de su territorio.

Y después las autoridades cuestionan las operaciones de limpieza social y los linchamientos surgidos de la desesperación de la ciudadanía, que no ve sino los estertores moribundos de un Estado semifallido, donde no existe sino caricaturas grafiti de la ley dentro de un sistema totalmente inoperante.

Vuelven a mi mente otra vez los ejemplos exitosos del poder local organizado, que en cooperación con las autoridades municipales, han podido combatir la delincuencia con gran éxito, como el caso de San Lucas Tolimán hace un par de años, y que causó sensación por el asombroso resultado obtenido a los pocos días de iniciarse las patrullas. ¿Se puede cuestionar la legalidad de semejante iniciativa cuando el sistema cuasi fallido de un país no puede proveer ni siquiera los rudimentos de las garantías individuales?

Mientras el sistema no funcione, el poder local debe jugar un papel determinante para lograr solucionar sus propios problemas y necesidades.

Es eso o la ley del más fuerte. Como en el oeste.

alfredkalt@gmail.com