Indiferente a la intensidad de los vientos, el apagón señala una vulnerabilidad que ha sido reiterada por los expertos del sector eléctrico. En mi programa televisivo de Esteoeste, el año pasado, Pepo Toledo, ex presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNNE), subrayó la falta de capacidad de las líneas de transmisión primarias, las cuales son totalmente insuficientes para la demanda existente. “Es algo así como que necesitamos varias supercarretera para poder alimentar las carreteras secundarias. Mientras no se construyan más ‘supercarreteras’ eléctricas, no se puede pensar en aumentar la producción”, enfatizó Toledo. Este extremo fue corroborado por el presidente de la Asociación Nacional de Generadores, el día de ayer, en Siglo Veintiuno.

El INDE sería el encargado y responsable de construir estas líneas de transmisión, pero no tiene la capacidad financiera para construirlas. Algunos sugieren que se les dé en concesión a empresas que cobrarían una tarifa por la distribución; sin embargo, el proceso es largo y complejo, debido a que aún no se ha aprobado la ley de concesiones.

El punto es que, por carecer de esta vital infraestructura, Guatemala enfrenta una vulnerabilidad totalmente anormal. Un ventarrón, y nos quedamos paralizados. Con la infraestructura adecuada, una simple reconexión habría bastado para redirigir el fluido eléctrico la semana pasada. No fue así, y las consecuencias fueron graves. Las pérdidas en comercio y turismo son cuantiosas y hasta se originó caos vial.

De todos es sabido que Guatemala está rezagada por lo menos una década en materia de generación eléctrica. Lo que no se hizo hace 10 años está repercutiendo el día de hoy por la falta de políticas de larga plazo. Se habla de la interconexión con México, lo cual vendría a paliar un tanto el déficit, pero esa visión de largo plazo es esencial.

Todo lo anterior refrenda lo que muchos hemos dicho: “La ley de concesiones es la única manera de sacar adelante al país en todo aquello que el Gobierno no puede llevar a cabo por falta de capacidad operativa y financiera”.

Tomo como un ejemplo las concesiones que el gobierno francés implementa en su país para la construcción de su infraestructura vial. Regiones enteras son concesionadas a empresas privadas con un período de gracia por pago de regalías los primeros 10 años, las cuales se aumentan 10 por ciento consecutivamente cada 10 años hasta alcanzar 50 por ciento a los 50 años. Pero las regalías no son en efectivo, sino en “compromiso” de mantener en perfecto estado todas las carreteras secundarias, alrededor de un eje de 40-50 kilómetros de la región concesionada.

Da pena ver lo que está pasando con la construcción de la carretera al occidente. Qué desastre, por Dios. Llevan años en el proyecto y no hay manera de verlo terminado. Los estimados más optimistas afirman que estará lista dentro de tres o cuatro años.

Los atrasos no se deben a las compañías constructoras sino a un sistema de pagos absurdo impuesto por el Ministerio de Comunicaciones. Fianza de cumplimiento para esto. Inspecciones in situ para aquello. Más fianzas y requisitos por allá. Todo, un asombroso chirmol de trámites que paralizan por semanas y hasta meses a las empresas constructoras.

Con la ley de concesiones, todo eso cambiaría. Una vez firmado el contrato, la empresa ganadora ejecutaría el proyecto con los estándares y la eficiencia propios de las empresas privadas. Al poco tiempo, el pueblo estaría beneficiándose de estas megaobras, sin un centavo de los contribuyentes.

Esto se aplica también para la infraestructura eléctrica. Todo lo que se requiere es voluntad política.

Ojalá tomen “nota”…

alfredkalt@gmail.com