La necesidad de dotar de autonomía —hasta hoy lírica— al banco central y fortalecer la Superintendencia de Bancos son tareas que el gobierno saliente —como sus antecesores— dejaron pendientes.

Ello en detrimento del sector financiero y de la expansión económica tan necesaria para que Guatemala abandone el tercermundismo, al cual vivimos atados, conformándonos con celebrar crecimientos económicos mediocres que se presentan… de tiempo en tiempo, más por factores externos favorables que como resultado de planificación.

La “celebración de la vergüenza”, como llamo a las abultadas remesas familiares que favorecen la estabilidad cambiaria y las reservas monetarias internacionales, nos condena al fracaso en cuanto los factores externos favorables cambien.

Eso está ocurriendo ahora: la crisis del petróleo y la repatriación masiva de nuestros conciudadanos ilegales en EE. UU. serán factores que complicarán el panorama económico del 2008, demostrarán igualmente lo pernicioso que resulta ser complacientes con los pedidos del poder Ejecutivo en puestos tan importantes como la presidencia del Banguat o la Superintendencia de Bancos; es decir —por ningún motivo—, estas instancias deben continuar siendo apéndices de la Presidencia, pues ello ha acarreado cuantiosas pérdidas.

La Ley Orgánica del Banco de Guatemala declara su “autonomía”, artículo 2 “…el banco central es una entidad autónoma, descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio propio…”, pero en su artículo 9, inciso b, plantea una contradicción “…si el saldo de la cuenta Reserva General no dispone de suficientes recursos o activos extraordinarios para cubrir total o parcialmente las deficiencias netas, éstas serán absorbidas por el Estado…”.

La vinculación de estos dos aspectos, que genera una clara inconsistencia, pues mientras la ley indica que el Banguat cuenta con patrimonio propio también dice que sus pérdidas (o deficiencias netas) que —obviamente— socavarían su patrimonio “propio” serán cubiertas por el Estado; ello ha ocurrido durante muchos años consecutivos.

Si el patrimonio se mantiene intacto con recursos del presupuesto nacional, ¿puede asegurarse que es propio del Banguat? No.

Queda evidenciado que la calidad de la gestión financiera del banco central resulta “irrelevante”, pues sus pérdidas siempre serán cubiertas por el Estado, ya sea con recursos provenientes de impuestos o endeudamiento, es decir, el Banguat —obviamente— no posee autonomía financiera.

Vayamos a la gestión. La autoridad máxima del Banguat, la Junta Monetaria (artículo 13) se integra así: presidente del Banguat, ministros de Finanzas, Economía y Agricultura, un representante del congreso, uno de la Usac, uno del empresariado y uno de los bancos.

Es decir, cinco de los ocho miembros han sido obedientes a mandatos del Ejecutivo, mientras los otros representantes —después del trágico final de siete instituciones financieras “reguladas” cuyas pérdidas pudieron evitarse con una fiscalización seria y visionaria, y además pagaremos los guatemaltecos y no los perpetradores del pillaje, demuestran una seria debilidad que va en detrimento de la institucionalidad bancaria.

Se puede concluir que dada la forma en que se nombra al superintendente de Bancos y al presidente del Banguat, así como el dominio de burócratas —ignaros en temas bancarios— en la Junta Monetaria, la entidad —en la práctica— también desde el punto de vista administrativo, carece de autonomía.

La banca debe prestigiarse como sistema, no casuísticamente; es labor del Estado devolver la credibilidad a cualquier rótulo que aparezca en una marquesina, en donde se lea “banco”, pues el gran público que no tiene obligación de ser experto analista bancario debe volver a confiar en la supervisión bancaria. Lo mismo debe ocurrir en otras actividades que implican riesgo público, como “farmacias”, “hospitales” o “policía”; es menester que estas “licencias de operación” tengan un significado común: la confianza plena.