El ex superintendente Marco Tulio Abadío Molina, sus dos hijos y dos personas más continuarán en prisión, después de que la Sala Primera de Apelaciones confirmara las condenas para cada uno de ellos por el desfalco de Q24 millones en la SAT.

El 15 de mayo del 2007, Abadío; sus hijos, Junior y Byron; Carlos Barrera Rodas, ex subgerente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y Ana Angélica Díaz Fajardo apelaron la sentencia del Tribunal Quinto de Sentencia Penal.

Ellos argumentaron que ese fallo no estaba fundamentado, y que las penas impuestas no eran acordes con las pruebas aportadas por el Ministerio Público (MP).

El 20 de abril del 2007, el Tribunal condenó a Abadío Molina a 30 años de prisión y al pago de Q24 millones, por responsabilidades civiles, al hallarlo responsable de los delitos de concusión, fraude y lavado de dinero. Junior fue sentenciado a 15 años de cárcel, por caso especial de estafa y lavado de dinero, y su hermano, a seis años, por lavado de dinero.

Barrera fue sentenciado a seis años y seis meses, por fraude y concusión, e igual número de años y pena se impusieron a Díaz, propietaria de una de las empresas utilizadas para el desfalco, porque fingieron que se habían hecho compras para la SAT.

Los argumentos

En el fallo, los magistrados Napoleón Gutiérrez, Irma Lam y Óscar Portillo afirmaron que el Tribunal sí fundamentó las razones por las que había condenado a los Abadío y a los otros dos procesados.

“Se establece que el procesado (Abadío), en su calidad de funcionario, se interesó en los contratos de bienes y servicios que suscribió (...), tal intervención se dio por actos simulados”, señala el fallo de la Sala.

Los magistrados detallaron que las pruebas aportadas evidencian la concertación de Abadío con los terceros interesados, para defraudar al Estado.

También señalaron que lo anterior se reforzó con la declaración de peritos y pruebas documentales donde se evidenció la sobrevaloración de contratos por Q24 millones 158 mil.

“Abadío intervino para alcanzar un fin económico, en perjuicio de la administración pública”, aseveraron los magistrados.

Para la Sala quedó acreditada la manera como Abadío desviaba los fondos de la Superintendencia a cuentas de sus hijos.

El fallo establece que lo anterior se verificó con pruebas documentales, testigos, y transferencias que efectúo Abadío con el dinero de la SAT.

En el caso del resto de implicados, la Sala ratificó que se ha comprobado la participación de aquéllos en el desfalco, y que los delitos impuestos a cada uno sí corresponden a las pruebas aportadas en el debate.

Por esos argumentos, la Sala declaró sin lugar los recursos de apelación que fueron presentados por los cinco sindicados.

“La sentencia del Tribunal está ajustada a la ley, y se dictó con base en las pruebas aportadas”, expresó Gutiérrez, al finalizar la lectura de la sentencia.

El desvío

El desfalco se cometió entre el 25 de octubre del 2002 y el 25 de enero del 2004, cuando Abadío fue superintendente.

Los hechos ilícitos se produjeron al haber existido sobrevaloración de productos publicitarios y servicios, por medio de contratos a empresas afines a Abadío.

En el debate se demostró que se habían adjudicado contratos con más de 30 empresas que sobrevaloraron los productos por más de Q24 millones. Algunas no existían, pero cobraron a la SAT.

También se comprobó que Barrera aprobó los contratos con el aval de Abadío, y que las empresas beneficiarias transfirieron dinero a cuentas personales de familiares del ex funcionario, en especial, a Junior Abadío.

Se estableció que Byron Abadío recibió un cheque por Q260 mil, y que Díaz, como propietaria de Offimark, obtuvo Q1 millón 411 mil, cantidad que después trasladó a cuentas de empresas de Junior Abadío.