Cerca de 400 afectados del extinto Banco del Comercio (BC) se quedaron con las ganas de conocer el futuro del único directivo de entidad enjuiciado por la millonaria estafa porque no pudo celebrarse la audiencia de apertura a juicio.

Hoy debería celebrarse la diligencia pero la jueza Patricia Gámez decidió suspenderla porque unos 400 querellantes no habían concedido el mandato a sus abogados, por lo que habrían quedado fuera del proceso si la audiencia se hubiera efectuado.

El acusado en este caso es Roberto Segovia Olivotto, quien por autorización de la jueza no se presentó a la cita, en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia.

Ese auditorio no bastó para que los afectados del banco se hicieran presentes, por lo que una parte se quedó afuera del Palacio de Justicia, donde protestaron en reclamo de justicia y la devolución de su dinero.

La jueza Gamez fijó la audiencia para el próximo 5 de febrero.

Segovia Olivotto es acusado por el Ministerio Público por los cargos de estafa propia, intermediación financiera y lavado de dinero. La investigación apunta a que él y el resto de directivos estaban a cargo de una red en la que se depositaban los fondos de los ahorrantes en la ilegal Organizadora de Comercio, para que finalmente llegaran a sus bolsillos.

Una vez cerrado el BC, las autoridades detectaron que la estafa llegó a unos mil 600 millones de quetzales y 15 millones de dólares.