Al haber encabezado la misión a la que los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que entregó ayer a dos mujeres secuestradas desde hace siete años, el presidente venezolano, Hugo Chávez, realizó una acción que resulta ser solo la primera parte de una de mayor importancia: abogar con la misma vehemencia porque la totalidad de los rehenes, que suman unas tres mil personas, sean liberados por ese mismo grupo ilegal.

Ya ha terminado el calvario de Clara Rojas, ex candidata a la Presidencia colombiana y madre del niño Emmanuel —de quien las FARC dijeron, falsamente, que lo tenían en su poder—, y Consuelo González de Perdomo, ex integrante de la Cámara de Legisladores. Sin embargo, aún quedan 43 persona cuya libertad también había sido ofrecida por la guerrilla más antigua, violenta y desalmada de América Latina, además de los tres mil soldados, policías, campesinos y habitantes de las ciudades que se mantienen secuestrados desde muchos hace años.

Al elogiar la calidad de humanitaria de la misión en la que se embarcó el presidente Chávez, dijo una verdad evidente. Pero si quienes participaron en las negociaciones se conforman con haber realizado esa tarea y se olvidan de las demás víctimas y, sobre todo, de sus familiares, caerán en la categoría de insensibles y discriminatorios. Las lágrimas de los deudos de las dos señoras liberadas son iguales a las de quienes aún se quedan en espera de que alguien se acuerde de ejercer presiones para que los secuestrados recuperen la libertad absurda y abusivamente arrebatada por fuerzas que actúan al margen de la legalidad y de la moralidad.

Todos tienen un papel importante que desempeñar en este asunto. La lista empieza con las damas liberadas, quienes tienen la obligación moral de luchar porque sea eliminado el tormento de sus compañeros, pues ellas lo conocen de primera mano. La lista continúa con los representantes de países, como Francia, que participaron abiertamente en este caso, debido a que la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt no solo tiene la ciudadanía francesa, sino que se ignora su paradero, a decir de su ex compañera de fórmula presidencial.

Lo ocurrido ayer en las selvas colombianas es un inicio, no un final. Se abrió una puerta que se podrá cerrar únicamente cuando quede en libertad el último de los secuestrados con vida, y se conozcan las condiciones en que perecieron quienes no lograron sobrevivir a los horrores de la vida en cautiverio en lugares muchas veces impenetrables. Este hecho demuestra también, con claridad, que cuando hay voluntad política, y cuando se invocan las razones humanitarias, es posible y aceptable llegar a acuerdos que serían impensables en condiciones normales.

El hecho lamentable que mancilla todo este asunto es que rescatar esas dos vidas del infierno selvático se concretó a costa de igualar la condición de un presidente latinoamericano a la de un grupo clandestino que tiene el profundo agravante de su ilegalidad, pero sobre todo, de su desprecio total al derecho humano fundamental: el de la vida.