Una decisión judicial que no fue apelada por las autoridades federales de Inmigración de Estados Unidos puede abrir la puerta a miles de guatemaltecos y salvadoreños que estarían en proceso de deportación, informó hoy La Opinión Digital.

Jennifer Rotman, representante de la organización Immigrant Law Group, que entabló la demanda en favor del guatemalteco Hugo Leonel Chaly-García, explicó que la decisión judicial sienta un precedente importante en favor de las personas que, por no haberse inscrito en el programa ABC, no han podido beneficiarse por la ley de Ajuste Migratorio para Nicaragüenses y Alivio Centroamericano (Nacara).

Chaly-García, residente en Portland, Oregón, ingresó a Estados Unidos en 1987, solicitó asilo el 31 de enero de 1991, pero no llenó la tarjeta de registro del programa ABC, un alivio migratorio que posteriormente se transformó en Nacara.

Años después, el gobierno comenzó su proceso de deportación. Chaly-García llevó el caso a los tribunales, y el pasado 29 de noviembre el Noveno Circuito emitió su fallo que sostiene que la tarjeta de registro de ABC era opcional; que ningún formulario particular se requería, en tanto que el intento de requisito fuera cumplido.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (INS) no avisó a todos los asilados que podrían calificar para ABC, indicó Byron Vásquez, director de la Casa de la Cultura de Guatemala, organización que entabló una demanda en contra del Departamento de Seguridad Interna por la remoción de asilo a miles de guatemaltecos refugiados.

“Mucha gente no sabía que podía registrarse al ABC y se registraron sólo al asilo, porque inmigración no les notificó. La campaña de registro de ABC fue dejada en manos de las organizaciones comunitarias”, recordó Vásquez al diario.

Las personas que calificarían serían las que pudieron haberse inscritos al programa ABC. Los requisitos del programa ABC fueron: haber entrado a Estados Unidos entre el 1 de octubre de 1990 y el 31 de diciembre de 1991; haber solicitado asilo hacia diciembre de 1994 para guatemaltecos, y marzo de 1996 para salvadoreños; comprobar que están físicamente en Estados Unidos antes de octubre de 1990, además de no tener antecedentes penales.

La puerta también se abre para todos los guatemaltecos y salvadoreños que fueron deportados a finales de las décadas de los 80 y principio de los 90.

“Estas personas tienen derecho a la residencia permanente, pero los trámites tendrán que hacerlos desde su país a través de una organización comunitaria o un abogado de inmigración”, subrayó Rotman al rotativo.