Madrid Un juez español renunció hoy a seguir su investigación sobre genocidio en Guatemala junto a las autoridades de ese país ante su “negativa a colaborar”.

El juez Santiago Pedraz de la Audiencia nacional, principal instancia penal española, “deja sin efectos todas y cada una de las comisiones rogatorias libradas a Guatemala en esta causa”, dijo una fuente de ese ente.

Pedraz explicó que tomó la decisión debido a la “negativa de las autoridades guatemaltecas a colaborar” con la investigación a pesar de los “múltiples” intentos por parte de la justicia española.

El magistrado precisó que queda demostrado “por parte del Estado guatemalteco una clase de actitud dilatoria no sólo por la tardanza en la tramitación sino por problemas de firma” y que “con ello, Guatemala como estado incurre en una violación de la obligación asumida por todas las naciones civilizadas de prevenir y sancionar el delito de genocidio”.

Pedraz se había hecho cargo de las investigaciones por el delito de genocidio referidas a la muerte de unas 200 mil personas durante los regímenes militares en Guatemala (1978-1986), tras una decisión de octubre del 2005 de la Corte de Constitucionalidad (CC) que otorgó la competencia a la justicia española en materia de genocidios y crímenes contra la Humanidad cometidos fuera de España.

El 22 de febrero del 2006, la Audiencia nacional, principal instancia penal española, se declaró competente para investigar una denuncia por “genocidio” y “crímenes contra la Humanidad” contra regímenes militares en Guatemala entre 1978 y 1986, una causa iniciada por la guatemalteca Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz 1992.

Pedraz tomó esta decisión después de que la CC anulara el 12 de diciembre el proceso judicial abierto contra cinco generales y dos civiles acusados de genocidio por la Justicia española, al considerar que España carece de jurisdicción para procesarles.

Pedraz, que aclaró que mantendrá “vigentes” las órdenes de captura de los acusados, pidió a los medios de comunicación de Guatemala y de los países limítrofes (México, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Estados Unidos) que publiquen una nota en la que pida que quien pueda aportar datos sobre el genocidio contra el pueblo maya, comunique cualquier información al juzgado “para continuar la investigación sobre estos crímenes”.

El juez imputó por su presunta participación en el incendio de la Embajada de España en Guatemala del 31 de enero de 1980, donde murieron 37 personas, al ex dictador guatemalteco Efrain Ríos Montt, a los militares retirados Óscar Mejía Víctores, el ex presidente Fernando Romeo Lucas García, los ministros Ángel Aníbal Guevara (militar) y Donaldo Alvarez Ruiz (civil).

Asimismo inculpó al director de la Policía Nacional, Germán Chupina; al policía Pedro García Redondo y al jefe del Estado Mayor Benedicto Lucas García.

Aplaude decisión

El presidente de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), Souhayr Belhassen, se congratuló por la “determinación” de la justicia española de intentar a pesar de todo “hacer juzgar los crímenes atroces cometidos durante la más grande y genocida dictadura de toda Latinoamérica en el siglo XX”.

La FIDH indicó en un comunicado que los testigos solicitados por el juez español podrían ser canalizados a traves de organizaciones de la sociedad civil.

AFP