El Congreso de la República se ha convertido en el escenario de un infinito montaje de tragedia y humor negro, en la que apenas hay alternancia de actores, porque gran parte de ellos calienta curules desde hace muchos años, sin más frutos que los escándalos con los que mancillan el honor de ese poder del Estado, y la impunidad y las prebendas personales inherentes a un cargo no siempre merecido.

Ya no despierta expectativa el inicio de un nuevo período legislativo, porque hace mucho murió, en la recurrencia de vicios y errores, la esperanza de cambio, por más que, en el relevo, las autoridades entrantes prometan actitudes éticas.

Eduardo Meyer, el recién estrenado presidente del Congreso, no escapa de esa penosa percepción, porque su promesa de dignificación terminó ahogada sólo tres días después en las componendas para el reparto de comisiones de trabajo, en las que afloran clientelismo interpartidario para el pago de favores pasados, presentes y futuros, y el afianzamiento de un arreglo de intereses ajenos a la deseable buena marcha del Estado.

En tal contexto se explica el arreglo de ese ex rector de la Universidad de San Carlos para la concesión de la presidencia de la sala de Derechos Humanos al Frente Republicano Guatemalteco, el partido fundado por el general Efraín Ríos Montt, ex jefe de Estado de recio carácter y reputada intolerancia, y sobre quien pesan graves acusaciones de genocidio y otros crímenes supuestamente cometidos durante su gobierno de facto.

Si esa trayectoria es insuficiente para descalificar semejante disparate, se enriquece con la corrupción y la impunidad promovidas de manera abierta y descarada por el eferregismo durante el tristemente célebre gobierno de Alfonso Portillo, cuando convirtió la justicia en una caricatura, pues manipuló el nombramiento de jueces y magistrados con el fin de garantizar impunidad para los delincuentes sacados de sus filas y entronizados en altos puestos públicos.

Por esa razón, no hubo justicia por los desmanes del Jueves Negro, no obstante el caudal de pruebas aportadas; ni por el saqueo multimillonario del erario, ni por el robo del patrimonio público, ni frente a las demandas promovidas por las víctimas de la represión durante la guerra.

El irónico premio para el FRG, justamente en la semana en que un juez español desiste de investigar los casos de genocidio imputados a dos civiles y cinco militares, entre ellos Ríos Montt, no parece ser producto de la casualidad sino una respuesta institucional del Congreso al mundo, para hacerle saber que en Guatemala no existe la menor voluntad para investigar las masacres y otras aberrantes violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército.

Será interesante ver, en el curso de este año, a Ríos Montt y sus diputados fiscalizar, desde el Congreso, asuntos de derechos humanos y dialogar con quienes, desde la sociedad civil nacional e internacional, acudan a ese organismo en demanda de respaldo para el logro de justicia. Será como tener al lobo de mayordomo de la Caperucita Roja, a Alí Babá de ministro de Finanzas, a Pablo Escobar de jefe de la DEA, o a Drácula regenteando un banco de sangre.