Un repunte en extorsiones y exacciones intimidatorias por la vía telefónica se registra en varios municipios de ese departamento en los últimos meses. Especialmente en Salamá, San Miguel Chicaj, San Jerónimo y Rabinal.

El número de víctimas perjudicadas por este tipo de delincuencia no puede ser determinado, ya que un alto porcentaje de ellas no denuncian sus casos por temor a represalias. Pese a ello, el aumento de extorsiones ha sido reconocido por personal del Ministerio Público (MP) y de la Auxiliatura Regional de los Derechos Humanos (PDH).

Desde enero del 2007 hasta la semana pasada el MP tenía reportados 36 casos. Mientras, la PDH registra una por mes a lo largo del año pasado.

Estas cifras son alarmantes si se compara con la de años anteriores, citó Enrique Sosa, fiscal distrital del MP.

Los pobladores de esos lugares desconfían tanto de extraños como de conocidos, ya que los extorsionistas llaman por teléfono y dan a entender que conocen todo sobre ellos. “Nos dicen dónde vivimos, qué carro tenemos, dónde trabajamos, cuántos hijos procreamos, dónde estudian y muchas otra cosas”, relató un vecino de Salamá, que prefirió no ser identificado.

Luego amenazan con daños a las víctimas y sus familiares si no se les da una fuerte cantidad de dinero. “Esta debe ser depositada en una cuenta bancaria, o dejada en algún lugar específico a cierta hora”, expuso otro de los afectados.

Sosa argumentó que la mayoría de quejas no prospera en capturas y condenas de extorsionadores, debido a que los denunciantes no continúan el proceso.

Capturas

Un caso que tuvo resultados se registró el año pasado en Salamá, cuando fueron rastreadas las llamadas y se capturó a dos mujeres miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), cuando retiraban el dinero de una agencia bancaria en Escuintla.

En otros casos, se ha determinado que las llamadas provenían de un centro de detención. Los presos que las efectuaban tienen contactos en el exterior para recoger o sacar el dinero en las cuentas bancarias. Las llamadas también son hechas desde algunas zonas de la capital.

Guillermo Muñoz, de la PDH, detalló sobre el caso denunciado por una mujer en San Miguel Chicaj, en diciembre pasado, y donde se logró la captura de dos personas cuando retiraban el dinero en una agencia bancaria de Amatitlán, Guatemala. “Al principio, el caso no prosperaba por lo que tuvimos que presionar a las autoridades para agilizarlo”, manifestó.

Mientras, Narciso Ixtecoc, vecino de San Miguel Chicaj, relató que el hostigamiento en su contra cesó, luego que presentó la denuncia en la PNC.

Por aparte, Rodolfo Hernández, de Salamá, contó que varias personas de su barrio empezaron a ser extorsionadas, pero se organizaron, investigaron quienes eran y los expulsaron de allí.

Otros vecinos citaron que muchas veces las autoridades no hacen nada para ayudarlos.

Sergio Alvarado, comerciante de Salamá, expuso que las extorsiones dañan la economía y la imagen del departamento. “Repercute en el empresario grande y pequeño, ya que hay inseguridad para invertir. Algunos prefieren irse de aquí”, razonó.

Pidió al nuevo ministro de Gobernación, Vinicio Gómez, que tome acciones inmediatas para remediar esta situación.