Al parecer, tendremos un caso paradigmático en materia legal con la decisión de autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Bienestar Social, quienes, con la anuencia y total respaldo del presidente Colom, pretenden invalidar los nombramientos de algunos de los integrantes del Consejo Nacional de Adopciones (CNA), ente autónomo reconocido por el decreto 77-2007 del Congreso de la República, que entró en vigencia, tal como lo contempla la misma ley, el 31 de diciembre de ese año.

El CNA es la autoridad central en materia de adopciones, un tema que ha generado una gran polémica, dados los millonarios intereses que involucra. Afortunadamente, se logró que la ética, la razón, la ley y el sentido profundamente humanitario que la institución de la adopción conlleva privaran en la decisión de los legisladores.

Ahora, con la revocatoria de los nombramientos de Marvin Rabanales y de Anabella Morfín, designados por las entidades cuyos titulares hoy los cuestionan, está en juego la autonomía de un ente que tiene a su cargo, entre otras atribuciones, asegurar la protección de los niños y adolescentes en proceso de adopción, promover la adopción nacional con prioridad en los niños institucionalizados, asignarles la familia adecuada y confirmar la idoneidad de los candidatos para una adopción internacional.

Siguiendo el debido trámite, sus miembros tomaron posesión el 11 de enero ante la escribana de cámara y de gobierno, quien los juramentó y, como notaria del Estado, dejó instalada formalmente esa entidad de derecho público, creada por una ley que contó con el voto favorable de 108 diputados, con lo que cumple el requisito constitucional que le otorga la autonomía e independencia de la que hoy goza.

Esa institución tenía que estar constituida dentro de los primeros 15 días a partir de la vigencia de la ley, lo que significa que el gobierno de Berger dio fiel cumplimiento de la norma.

La decisión de revocar los nombramientos llama la atención. ¿Será que sus integrantes, hoy cuestionados, quienes no son representantes de las instituciones que los designaron, generan dudas en cuánto a sus capacidades, trayectoria y prestigio en las nuevas autoridades? ¿Por qué la actual administración necesita tener personas de su “confianza” en un órgano que no puede aceptar ninguna injerencia en el desempeño de su cargo? ¿Cuál es el interés de cambiar a los miembros del Consejo, si ellos no deben obedecer a directrices políticas ni responder a ningún interés que no sea el que la ley les marca? ¿Por qué el CNA tiene que ser del agrado del gobierno, si no debe politizarse?

La Corte de Constitucionalidad seguramente hará gala de capacidad cuando conozca el posible recurso de apelación que los afectados intentarán para dirimir esta controversia legal. Por cierto, los magistrados que la integran son un ejemplo de cómo ellos (as) se desvinculan totalmente de la entidad que los designó. Es inimaginable que nuevas autoridades de la Corte Suprema, de la Usac, del Ejecutivo, del Congreso o del Colegio de Abogados pretendieran nombrar a otros ante la CC, con el argumento de su “derecho de tener en ese alto tribunal a personas de su confianza”.

Esta politización afecta no sólo la institucionalidad y el estado de Derecho, sino que distrae de sus labores a sus integrantes, quienes han asegurado que continuarán en sus cargos, desempeñando su trabajo, ya que juraron cumplir la Constitución y, además, porque nadie está obligado a acatar órdenes ilegales.

Esta será una lucha legal y de principios, donde ni los chantajes ni la política tienen cabida.

Para el nuevo gobierno es otro mal principio.

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