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Guatemala, 25 de enero de 2008

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Obra Pobladores se oponen a construcción de Centro Cultural, en lugar de tortura durante la guerra

Quiché: Piden respeto para víctimas 

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A pocos días de inaugurarse los trabajos de remoción de tierra para colocar los cimientos del edificio étnico-cultural, integrantes de Asoindiscai piden suspender los trabajos hasta que representantes del Ministerio Público y del Instituto de Antropología Forense de Guatemala sean autorizados para constatar que en ese sitio no existe un cementerio clandestino.

Justicia

Harán denuncia 

José Ernesto Menchú dijo que para ellos es vital recuperar los restos de sus familiares, para luego formular denuncias por genocidio contra los responsables, cuya identidad no reveló, porque aún investigan.

También denunció que, por oponerse a la construcción del centro cultural, varios agremiados han recibido amenazas de muerte. Señalan a Máximo Aguilar como el responsable, a quien vinculan con la Comunidad Lingüística Uspanteka.

Proyecto

Obra, en camino 

Oswaldo Ajcot Damian, presidente de la CLU, se sorprende por la actitud de los integrantes de Asoindiscai, debido a que hace 11 años finalizó el enfrentamiento armado y en el tiempo transcurrido tuvieron tiempo para solicitar una orden judicial para efectuar excavaciones.

El proyecto cultural impulsado data del 2005, cuando se firmó un convenio con Fonapaz. Además, la Premio Nobel Rigoberta Menchú se ha comprometido con equipar el centro cultural.

En las instalaciones está prevista un área donde, si Asoindicai acepta, se inscribirán los nombres de víctimas de la guerra interna.

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Por óscar figueroa

Quiché

San Miguel Uspantán. Cuando el ex vicepresidente Eduardo Stein colocó la primera piedra para construir la Casa Cultural Tz' nun Kaab' (Casa del Gorrión en idioma uspanteko), nunca se imaginó el conflicto que causaría.

Los involucrados pertenecen a la Asociación Intermunicipal de Desarrollo Integral de Sobrevivientes del Conflicto Armado Interno (Asoindiscai) y a la Comunidad Lingüística Uspanteka (CLU).

El conflicto data de 1980, cuando en el terreno en donde se pretende edificar el centro cultural funcionaba un destacamento militar, en el cual, según la Asoindiscai, militares y patrulleros de Autodefensa Civil torturaron y asesinaron a cientos de indígenas, tras señalarlos de guerrilleros.

José Ernesto Menchú Tojín, coordinador de Asoindiscai y primo de la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú Tum señaló que en ese lugar y en otro ex destacamento militar ubicado en cantón Xejul, Uspantán, podrían estar enterrados los restos de cientos de campesinos.

“Yo mismo fui torturado allí, pues creían que, por llevar el apellido de mi prima Rigoberta, estaba metido en la guerrilla”, relató Menchú Tojín.

Piden suspender trabajos

Casi tres décadas después de aquellos acontecimientos y a pocos días de que sean comenzados los trabajos para colocar los cimientos del edificio del centro cultural, los integrantes de Asoindiscai piden suspenderlos hasta que el Ministerio Público, Instituto de Antropología Forense de Guatemala y representantes de instituciones de acompañamiento jurídico y social sean autorizados para confirmar si en ese sitio no existe un cementerio clandestino.

Según Menchú Tojín, entre las víctimas de la guerra interna en ese territorio hubo indígenas quichés y uspantecos.

“Si no avalan nuestra petición, estarían promoviendo un enfrentamiento entre dos pueblos hermanos, cuyos habitantes han aprendido a convivir en paz”, advirtió.

Mario Chivalán, huérfano de la guerra, mencionó que si remueven la tierra con maquinaria pesada, podrían destruir evidencias científicas que pueden comprobar la forma en que sus familiares fueron masacrados.

Miguel Quiej, del Consejo Nacional de Comunidades para el Desarrollo Integral de Guatemala y asesor legal a Asoindicai, dijo que debe verificarse si en el lugar hay o no osamentas. “De ser cierto, merecen cristiana sepultura”, expresó.

Más de cinco mil familias de Santa María Magdalena, Cunén, San Miguel Uspantán y Chicamán, están agremiados a Asoindiscai, y no están dispuestos a que sus derechos sigan siendo violentados.

El Fondo Nacional para la Paz aportará Q3 millones 500 mil para la obra.

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