Ahora que estamos en la era de la “social democracia a la guatemalteca”, seguramente los Objetivos del Milenio, compromisos adoptados en el 2000 por los jefes de Estado de 189 países, incluido el nuestro, encontrarán una ruta pavimentada para transitar hacia su consecución.

El ideal de ese consenso fue llegar al 2015 con menores niveles de pobreza, donde la igualdad de oportunidades no sirva de decoración en las páginas de las constituciones o en los discursos de los políticos, y que la educación, la salud y el empleo digno se conviertan en efectivos derechos de todos y todas.

Seguramente algunos de los mandatarios signatarios del documento no reflexionaron sobre el significado altamente humano de las metas fijadas, las que, para ser alcanzadas, requieren algo más que una simple firma y declaratoria. No se trata tan solo de aparecer en la lista de los consecuentes que quieren el bien para su población. La tarea es escabrosa, sobre todo en países como Guatemala, en donde el Estado no cuenta con ingresos suficientes que le permitan cumplir con sus obligaciones elementales, y la clase económica dominante tiene pretextos para evitar que se caiga en la tentación de regatearle su riqueza; es decir, que se niega apagar impuestos.

Los argumentos para intentar justificarse son variados, encuentran su principal sustento en asegurar que son pocos los que tributan, ellos, por supuesto en esa minoría, o que el Estado es un mal administrador; y otro referido a algo que nos es muy familiar: que no hay que desperdiciar el dinero en el pago de impuestos, si siempre van a parar a las cuentas de los burócratas de turno, sean del nivel que fueren.

La Unicef, en la presentación del informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 2008, hizo énfasis en las estrategias integradas de salud, como forma de salvar las vidas de los infantes, que por miles mueren diariamente en el mundo. El documento reconoce mejoras en la región de América Latina y el Caribe, en donde se pasó de 55 a 27 fallecimientos por cada mil nacidos. En Guatemala, según algunas estadísticas del 2007, la tasa de mortalidad infantil es de 39 por cada mil, la más alta de la región.

Ya se sabe en qué condiciones vive la mayoría de la población, rezagada del desarrollo; hasta el cansancio se ha dicho y comprobado que la injusticia social los alcanza donde quieran esconderse, en los declives de las erosionadas montañas del altiplano, en la aridez del oriente o en las laderas de los barrancos citadinos. Allí crece y se subdesarrolla la mayoría de niños. Son hijos de madres fecundas y desnutridas, analfabetas y sin servicios básicos de salud, que probablemente se mueran en su siguiente parto o en un próximo “desastre natural”.

En contraste, Cuba, un país satanizado por su régimen político, ofrece otro panorama en materia de condiciones sociales. El informe citado reveló que tiene el menor porcentaje de mortalidad infantil entre los países en desarrollo, ¡sólo siete niños menores de 5 años mueren por cada mil nacimientos! Este logro debe ser emulado por el actual gobierno, que ha manifestado interés en invertir en las poblaciones más abandonadas. Para este propósito cuenta con valiosos aliados, como la OPS o el Fondo de Población, que tienen propuestas viables, las cuales, si se implementan, lograrían importantes resultados.

Pero la solución de fondo, que contribuiría a alcanzar esa meta, es un sistema económico y social más humano, que mate la pobreza, no a los pobres. Y eso pasa, necesariamente, por fortalecer al Estado para que se sitúe al centro del desarrollo. Sin una política fiscal progresiva y redistributiva, esto no será posible.