En alguna ocasión escribí que gobernar Guatemala es un desafío monumental y un reto de gran envergadura para el cual ningún gobernante está preparado. “Hasta que uno no está dentro del sistema puede percibir lo difícil que es hacer algo”, me dijo un ex funcionario recientemente, mientras rememoraba su gestión.

Cada cuatro años, la administración entrante enfrenta el mismo dilema: problemas sistémicos y estructurales que limitan la gobernabilidad y frenan a paso de tortuga cualquier esfuerzo que traten de implementar porque casi todo el proceso burocrático es lento, ineficiente y hostil para el ciudadano.

Tomemos el sistema de justicia, el cual funciona con grandes limitaciones y problemas. Los delincuentes son apresados con mucha dificultad y, a los pocos días, los jueces los tienen que soltar por deficiencias en la investigación del Ministerio Público.

Con ese preámbulo aludo a la impaciencia que ya se percibe contra el Gobierno, porque “no ha hecho nada en 13 días y la violencia sigue imparable”. Pero es que la violencia y la inseguridad “seguirán imparables” hasta que no se atiendan las causas de fondo que impiden el funcionamiento óptimo del sistema.

Se requiere incrementar urgentemente el número de fiscales y las fiscalías en el interior del país, y facilitar al ciudadano poder acercarse al Ministerio Público.

Actualmente, el Ministerio Público establece sus sedes únicamente en las cabeceras departamentales. Por otro lado, es imposible concretar condenas sin las investigaciones de los fiscales. “El número de casos que cada uno de nosotros llevamos es una vergüenza y una injusticia, tanto para los acusados como para el sistema”, me compartió un joven fiscal en la Universidad Panamericana, con una gran carga emocional.

Parte de las recomendaciones que hicieron los expertos de los Carabineros de Chile, cuando vinieron el año pasado en el marco de los programas de cooperación entre Guatemala y ese país sudamericano, es que se requiere desarrollar “policías comunitarias”, en las cuales los agentes pasarían patrullando por su sector varias veces durante el día, y contactarían a los habitantes de la zona para tomar información y ganarse la confianza de la gente.

¿Qué pasó con ese proyecto? Se suponía que serían 80 los policías que estarán asignados a esa unidad y que para la selección se tendría en cuenta poseer conocimientos de seguridad preventiva e interés por ayudar a los vecinos.

“Se suponía” que, para mantenimiento de los equipos y dotación de más elementos, se invertirían Q98 millones y que el plan se iniciaría en las zonas 1 y 2, pero se extendería, paulatinamente, por la ciudad.

Las líneas estratégicas del reporte son muy interesantes y las copio: “Las acciones se focalizarán en las zonas con más actividad comercial, colegios y lugares de ocio.

La ciudad se dividirá en siete sectores, con 11 policías cada uno.

Los agentes llevarán bitácoras de trabajo en las que tendrán que registrar las visitas que harán a los establecimientos comerciales y educativos, y las necesidades expresadas por la población.

Los agentes tendrán que vivir en la ciudad, para tener más conciencia de los problemas del barrio y estar más cercanos a la población.

Se usarán autopatrullas, bicicletas y motos para hacer la vigilancia; también habrá cobertura a pie”.

¿Por qué motivo este proyecto se quedó sólo en papel y no se implementó? Por la misma razón que la violencia sigue imparable: no se hace nada que mejore el sistema y la estructura.

A mí me gustaría que el fiscal Florido saliera diciendo en los medios que está preocupado. Que le demos más plata. Que sus patojos no se dan abasto ni para atender el 40 por ciento de los casos. Que quiere abrir más fiscalías. También me gustaría que el nuevo ministro de Gobernación saliera en demanda de recursos para implementar el proyecto arriba señalado.

Mientras eso no ocurra, seguirá imparable la impaciencia.

alfredkalt@gmail.com