La jueza Marta Sierra de Stalling dejó sin efecto la orden de captura contra Juan Carlos Maldonado Paz, ex gerente financiero del Banco del Café (Bancafé), pues argumentó que el Ministerio Público (MP) no aportó pruebas contundentes que lo vinculen con la estafa en esa entidad bancaria.

Sierra resolvió revocar aquella medida después de haber escuchado los argumentos del fiscal Abraham Colocho y de la defensa de Maldonado.

A la audiencia fue permitido el ingreso de la Prensa, pues la jueza aseveró que sus resoluciones eran apegadas a Derecho y no tenía nada que ocultar.

La semana recién pasada, el MP puso en duda la parcialidad de Sierra por haber revocado también la orden de captura contra Celeste Aída Desirée Soto Vettorazzi de Anleu, otra de las sindicadas en el caso.

El MP sindica a Maldonado de lavado de dinero, falsedad y caso especial de estafa, al haber otorgado un crédito, sin respaldo, de Q30 millones a José Miguel Fernández García —situación que, según la Fiscalía, causó la quiebra de dicho banco—.

En la diligencia, el defensor José Toledo presentó documentos para desvirtuar la sindicación del MP. Según el defensor, la Ley contra el Lavado de Dinero señala que comete este delito quien utilice fondos provenientes de un acto ilícito. En este caso, se comprobó que el préstamo otorgado a Fernández provenía de Bancafé, expresó.

Agregó que Corfina —entidad que se quedó con los activos del banco— había desistido de la demanda civil que había iniciado contra Fernández para recuperar los Q30 millones, pues dijo que se había establecido que esos fondos permanecen en reserva en la Superintendencia de Bancos (SB).

Colocho reiteró que Maldonado es responsable de los delitos, y esto se comprueba con testimonios y con el contrato del préstamo a Fernández, que se tramitó en un día.

Esas evidencias no fueron suficientes para Sierra, quien después de haber revisado la documentación aportada por la defensa, resolvió revocar la medida.

Cuando Sierra exponía su resolución, en más de una ocasión manifestó que a un año de haberse iniciado el proceso, el MP no había presentado pruebas contundentes para comprobar la participación del sindicado en actos ilícitos.

Una de esa evidencias, dijo, es la prueba de grafotecnia de Maldonado, para corroborar que supuestamente se había apropiado de los Q30 millones. Agregó que también la Fiscalía desconoce que ese dinero está en reserva en la SB.

Colocho aseguró que impugnará el fallo.