El principio de seguridad jurídica de Guatemala está sometido en estos días a una de sus experiencias más irónicas, lamentables e inesperadas —y por una razón ciertamente baladí— por la negativa de uno de los 13 magistrados de la más alta instancia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a someterse al retiro obligatorio ordenado por el artículo 30, literal d), de la Ley de la Carrera Judicial.

Casualmente, Rodolfo De León Molina, el togado en rebeldía con la ley, arriba hoy a 76 años, uno más de los 75 del tope legal para cesar en las funciones, pues después de esa edad se pierde la calidad de funcionario y se incurre en el delito de prolongación de funciones públicas regulado en el artículo 427 del Código Penal. Por otra parte, se somete a los demás integrantes de aquella alta instancia al riesgo de caer en complicidad o falsedad, por su relación con las actuaciones o decisiones del referido personaje.

Una acción de De León ante la Corte de Constitucionalidad, para dejar sin efecto, en su beneficio, aquella regulación de la Ley de la Carrera Judicial —por cierto, declarada sin lugar— y sus ulteriores gestiones para retrasar la resolución del caso, es una manera lamentable de poner fin a la carrera de un abogado cuyo nombre ha permanecido sin mácula en las aguas agitadas del foro nacional. Se supone que a estas alturas de su vida ese profesional debería dedicar sus mejores esfuerzos a lograr un retiro digno, para ser recordado como alguien que sirvió hasta el último día con apego a la ética.

Aparentemente, un hecho de naturaleza personal no debería ocupar el interés de un espacio de esta índole, pero éste trasciende, y de manera profunda, al ámbito social, porque la CSJ es la más alta autoridad moral y legal del país, y si en esos niveles se toleran triquiñuelas, trampas, güizacherías, el retorcimiento de los procedimientos y el retardo malicioso para burlar la ley, se pierde autoridad para demandar de los abogados litigantes que eviten argucias para inclinar la balanza a favor de sus patrocinados.

Pero también la atención de la burocracia del Organismo Judicial está puesta en estos momentos en el desenlace de este caso, porque está en juego la credibilidad de los magistrados para exigir a sus subordinados honradez, transparencia, objetividad y todas las buenas conductas inherentes al buen operador de justicia. Si este drama no termina pronto, y en favor de la moral y el buen juicio, la alta dirigencia de la CSJ perderá todo derecho para demandar el resplandor de aquellas virtudes en niveles inferiores.

También reviste interés social el epílogo de semejante pretensión, por sus repercusiones sobre la seguridad jurídica de los otros poderes del Estado, pues la ley también fija edad mínima para aspirar a determinados cargos públicos, como ministro o presidente de la República, y de retiro en otros casos, como en el Ejército, y hasta ahora nadie ha pretendido objetar, en un nivel o en otro, esas regulaciones, para obtener beneficios personales vergonzosos.

Los magistrados están en una encrucijada histórica: resuelven este entuerto y rescatan su nombre, o dan la razón a quienes creen que la impunidad en Guatemala comienza en la propia cabeza de la justicia.