La delincuencia organizada le asestó el miércoles de esta semana el primer golpe al gobierno encabezado por el ingeniero Álvaro Colom y el doctor Rafael Espada, al haber asesinado a cinco pilotos y un ayudante del transporte urbano y extraurbano, en una cantidad igual de hechos ocurridos en distintos lugares de la capital y con pocas horas de diferencia.

La inseguridad y el temor ciudadano a la acción delincuencial, que queda impune en un porcentaje abrumador de casos, fue uno de los temas principales de la última campaña presidencial. Los dos candidatos se pronunciaron con toda claridad respecto de cómo actuar contra mareros, asaltantes, asesinos, ladrones y demás calaña. Las posiciones fueron de ofrecer mano dura o de combatir a la delincuencia con inteligencia, y sobre eso decidieron los votantes guatemaltecos en noviembre.

Al haber triunfado el candidato de este último criterio, ha llegado entonces el momento de demostrar cuáles son las medidas inteligentes que serán aplicadas para hacer que los delincuentes, como primer paso, empiecen a pensar en la posibilidad de que serán castigados conforme a la ley, lo cual no ocurre desde hace mucho tiempo y causa el temor generalizado de los ciudadanos.

Para cualquier persona queda claro que los delincuentes causantes de los seis crímenes del miércoles, que hacen aumentar el número de viudas y de huérfanos, actuaron con base en un plan determinado, luego de varias semanas de una disminución casi total de las acciones delictivas en el interior de los autobuses. Los organismos de inteligencia civil del Estado tienen en este asunto una muy buena razón para actuar.

De más está señalar de nuevo la gravedad de las consecuencias de todo tipo que representa la inseguridad dentro de los autobuses urbanos, convertidos desde hace tiempo en verdaderos ataúdes potenciales, tanto de los pasajeros como de los pilotos. La existencia de un plan queda clarísima por el hecho de que una justificada y explicable reacción de los pilotos es realizar paros del servicio, como protesta contra los asesinatos a quienes tienen en sus manos la responsabilidad de transportar a personas que van a sus trabajos o regresan a su casa.

El presidente Colom necesita darle a esta abierta confrontación la importancia debida, porque sólo tiene una oportunidad para demostrar que actuará desde el principio con la severidad que le permite la aplicación de la ley, contra la delincuencia; sobre todo, cuando se coloca en un abierto y provocativo desafío, similar al que ha tenido por demasiado tiempo en los dos últimos gobiernos.

Quienes están detrás de estos crímenes han demostrado con claridad su decisión de demostrar que el recién estrenado gobierno tampoco podrá actuar eficazmente contra ellos. La ciudadanía observa con atención y ansiedad cómo será la reacción gubernativa. Por ello, lo que está en la balanza va mucho más allá de la captura de los asesinos de estos seis trabajadores del transporte. Marcará el futuro mediato y a largo plazo.