La apertura del Sistema Nacional de Diálogo Permanente, anunciada ayer por el presidente Álvaro Colom, es una decisión correcta a mediano y largo plazos, pero que no sirve de mucho para solucionar en mínimo espacio de tiempo el problema que la población guatemalteca califica como el más grave, es decir, el de la delincuencia desatada y de la cual nadie está libre.

Al manifestar su deseo de que en nuestra sociedad se produzca una cultura de diálogo que sustituya a la violencia, el mandatario Colom expresa un sentir compartido por muchos, pero al mismo tiempo es necesario decidir qué medidas serán adoptadas para disuadir de inmediato a los delincuentes de continuar con sus acciones criminales en autobuses, calles, colonias y demás lugares donde los ciudadanos son víctimas de hechos que quedan impunes en un porcentaje abrumador de casos.

En ese sentido, es mucho más importante en este momento realizar las acciones coordinadas entre las autoridades y los empresarios del transporte, urbano y extraurbano. La sociedad guatemalteca tiene el derecho de defenderse de los criminales, y para lograrlo es necesario tomar medidas temporales extraordinarias. La paz social está severamente afectada como resultado del actuar de la delincuencia, y por eso, para permitir que a mediano plazo sea recuperada, es imprescindible utilizar todos los mecanismos que permite el ordenamiento legal del país.

Esto lleva a analizar, con toda seriedad, el espinoso tema de la pena de muerte y otros relacionados con los sistemas legal y carcelario nacionales. Es un hecho que los motivos para aplicar el máximo castigo o para abolirlo tienen fundamentos sólidos, cuya complejidad hace que no sea este el mejor lugar para señalarlos o resumirlos.

Sin embargo, es necesario saber cuál es el pensamiento de los ciudadanos a este respecto. Una posible manera de conocerlo es realizar estudios de opinión, sobre todo, entre los sectores sociales que tienen mayores posibilidades de ser víctimas de la criminalidad organizada y que por ello se encuentran desesperados. Obviamente, todo esto implica también asegurar las debidas mejoras al funcionamiento de los tribunales de justicia y demás entidades estatales cuyo trabajo se relaciona con administrar el castigo a los culpables y la libertad de los inocentes.

En Guatemala, las instancias del diálogo han sido numerosas, con resultados diversos. Los acuerdos de paz son un ejemplo de negociaciones que sembraron esperanzas, pero que 11 años después de haber sido firmados no han podido ser lo efectivos que se pensaba, a causa de factores directamente relacionados con las circunstancias del país.

El diálogo es una instancia válida —sin duda, siempre que exista la decisión de que tenga éxito—. Pero cuando se utiliza para solucionar de inmediato problemas que son muy complicados y de larga data, necesita una decisión consensuada para impedir que sea inútil. Ese es el principal reto de los participantes en la instancia anunciada ayer por el presidente.