El Congreso restituyó ayer la figura del indulto presidencial para los condenados a muerte. Con ello, puso fin a un vacío legal que desde el año 2000 impedía aplicar esa pena, a pesar de que se ha sentenciado con este castigo a 41 personas.

Con el voto de 140 legisladores (de 143 presentes en el hemiciclo) y la intención de “enviar un mensaje” a los delincuentes, para frenar así la ola de violencia que afecta al país, el Legislativo aprobó una iniciativa presentada en el 2006 para restablecer el recurso de gracia y permitir que se ejecuten las sentencias de muerte. En el 2007, la entonces oficialista Gran Alianza Nacional (Gana) había estancado esa ley, luego de que fuera discutida en su segunda lectura (de tres que se requieren para aprobar un decreto), pues se opuso a que la decisión sobre conmutar o no esa pena quedase en manos del presidente de la República.

Ayer, solo la bancada de Encuentro por Guatemala (EG) se opuso a esa norma, por considerar que no contribuirá a resolver de fondo el problema de la inseguridad. El resto de bloques la apoyó y aplaudió, luego de que varios de sus integrantes expresaran sus argumentos a favor.

Así, la nueva ley reguladora de la conmutación de pena para los condenados a muerte establece que, después de agotados todos los recursos ordinarios y extraordinarios, el reo que reciba ese castigo podrá pedir su conmuta por el de máxima prisión (50 años), en los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que quede en firme la sentencia.

El presidente tendrá que conocer todas esas solicitudes, sin excusa, y resolverlas en un plazo de 30 días; de lo contrario, se tendrá por denegada tácitamente. Esa decisión no podrá referirse a la culpabilidad o inocencia del condenado, sino únicamente a si se le perdona o no la vida.

Aquellos reos cuya sentencia esté en firme cuando la nueva norma cobre vigor —10 días después de que sea publicada en el diario oficial— tendrán un mes para presentar el recurso de gracia.

Hay 41 reos condenados a la pena capital, aunque, en la mayoría de los casos, la sentencia aún no ha quedado en firme.

Medida es paliativo

La discusión de esa ley fue propuesta —mediante una moción privilegiada— por el Partido Patriota (PP), con el respaldo de la Unidad Nacional de la Esperanza, la Gana, el Partido de Avanzada Nacional, el Partido Unionista y el Centro de Acción Social.

“La aplicación de la pena de muerte permitirá paliar la ola de violencia que se ha desatado en las últimas semanas, rebasando las pocas acciones del Gobierno para contenerla. Servirá para disuadir a los criminales que tienen de rodillas al país, porque ahora sabrán que la ley se va a aplicar con rigor”, aseguró Roxana Baldetti, jefa de bancada del PP.

“Los guatemaltecos podremos dormir hoy más tranquilos, porque a los que cometan delitos graves se les va a condenar a muerte. Ojalá los ingratos que han recibido esa sentencia sean ejecutados, para que sirvan de lección a otros delincuentes”, expresó Mario Taracena, jefe del bloque oficialista, a pesar de considerar la facultad presidencial del indulto como “monárquica” y “pasada de moda”. Opinó que, para ejecutar a un delincuente, debería bastar con la decisión de los jueces. Sin embargo, respaldó ayer el indulto, con tal de “quitar el nudo” a la aplicación de aquella pena.

El vicepresidente Rafael Espada coincidió con ese argumento, y mencionó que podrían someter esa figura a un análisis, con el objetivo de que quede en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Mientras, el presidente Álvaro Colom afirmó que no va “a pasar” sobre las sentencias de los tribunales, por lo que no concederá ningún indulto.

La pena de muerte se aplica en delitos de asesinato, ejecución extrajudicial, secuestro (si fallece la víctima, como consecuencia del hecho), parricidio y violación calificada (si la víctima no hubiere cumplido 10 años de edad).

Nineth Montenegro y Aníbal García, de EG, se manifestaron en contra, y pidieron reflexionar, porque “de nada sirve endurecer las penas o abonar a una cultura de muerte, sin un sistema de justicia que camine bien ni una Policía Nacional Civil o un Ministerio Público que trabajen efectivamente”.