Guatemala, 13 de febrero de 2008
CGC autorizará desembolsos para construcción
Estos son los argumentos presentados por el contralor, para ordenar la intervención financiera del aeropuerto:
• El contralor general de Cuentas tiene la facultad de nombrar y remover a los funcionarios y empleados de las distintas dependencias de la Contraloría y para nombrar interventores en los asuntos de su competencia (artículo 235 de la Constitución).
• Una de las facultades de la Contraloría es el nombramiento de interventores de carácter temporal en los organismos, instituciones o entidades sujetas a control, cuando se compruebe que se está comprometiendo su estabilidad económico-financiera (art. 4, literal h, de la Ley Orgánica de la CGC).
• Están sujetos a la fiscalización de la CGC los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que, por delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos.
Por j. osorio y h . alvarado
A petición del presidente Álvaro Colom, la Contraloría General de Cuentas (CGC) intervino ayer el área financiera del Plan Emergente para la Remodelación y Modernización del Aeropuerto Internacional La Aurora, con el argumento de que no se cuenta con información suficiente para conocer con exactitud el destino final de los recursos invertidos hasta ahora.
Colom dijo que buscan ordenar ese plan, a fin de que las cuentas sean claras. “Haremos una revisión a fondo. Tengo dudas y esperamos saber cuánto le cuesta a Guatemala ese proyecto”, comentó.
Aclaró que no detendrán los trabajos iniciados y que la medida afectará solo la parte financiera, no el funcionamiento ni las operaciones del aeropuerto.
El contralor Carlos Mencos anunció que fiscalizarán US$109 millones —cifra calculada de inversión en la primera fase de ampliación de esa terminal aérea—, porque la documentación que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI, a cargo de los trabajos) envió, por medio de Aeronáutica Civil, “eran resúmenes ejecutivos” y no los contratos prometidos.
José Manuel Moreno, director de Aeronáutica, indicó que han enviado información, pero que la copia de los contratos originales que solicita la CGC no llegará sino hasta el próximo viernes. “Nosotros ya habíamos enviado algunos contratos e información de la obra, relacionada con proveedores y empresas que tuvieron a su cargo la ampliación del aeropuerto”, dijo.
Sin embargo, Mencos adelantó que se trata de información resumida, y que fue protocolaria la visita de Rubén Gallego, funcionario de OACI, la semana recién pasada. “Pensé que iba a traer una maleta de contratos, pero no fue así”, dijo, y advirtió que si encuentran operaciones ilegales ordenarán la suspensión de la obra.
La auditora Sonia Castillo de Regás fue nombrada interventora del proyecto y, desde ahora, cualquier decisión financiera o desembolso deberán ser aprobados por ella.
El vicepresidente, Rafael Espada, y Luis Alejos, ministro de Comunicaciones, acompañaron ayer a Mencos a la sede de Aeronáutica Civil, en la zona 13, donde tomó posesión la nueva interventora.
Espada dijo que Moreno se mantiene en el puesto de director-interventor de Aeronáutica, y que los trabajos no fueron interrumpidos. Subrayó: “El aeropuerto sigue igual, no paralizamos ningún proceso”.
Alejos explicó que cuando concluya la investigación determinarán si procede o no la suspensión total de la segunda fase de ampliación (terminal sur).
La traducción de los casi 300 contratos que hizo la OACI llevará varias semanas, refirió Moreno, y agregó que unos 85 traductores jurados participarán en ese proceso.
Élmer Velásquez, de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales, opinó que las autoridades deben facilitar toda la información acerca de cómo se encuentran las finanzas y el presupuesto ejecutado hasta ahora en la ampliación y remodelación del aeropuerto.
Esta remodelación fue una de las obras favoritas del ex presidente Óscar Berger.
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