La ausencia de certeza jurídica de sus viviendas, desempleo, agua entubada, educación, electricidad pública y red de drenajes, preocupan a vecinos de la orilla de la línea del ferrocarril. Solicitan al presidente Álvaro Colom que los ayude a legalizar sus propiedades o los traslade a otro lugar, pues son casi 15 mil niños los que padecen estas limitaciones.

Domingo Hernández, de la Asociación Coordinadora Nacional de Asentamientos de la Línea Férrea (Aconalfer), solicita el apoyo al presidente Colom, porque ya no pueden seguir viviendo en estas condiciones.

Agregó que les urge la legalización de las tierras donde tienen construidas sus viviendas, algo que resulta difícil, porque deben negociarlas con los propietarios, por lo que piden que se les traslade a otro lugar, en lo cual está de acuerdo la mayoría de vecinos.

Es necesario que se proporcione buena oportunidad de vida a sus hijos, pues frecuentemente padecen dolencias epidemiológicas y gastrointestinales, porque no cuentan con servicio de agua entubada ni un lugar para depositar la basura, argumentó.

A esto se suma, expuso, la falta de electricidad, pues en las noches son objeto de asaltos y robos, aparte del desempleo, pues frecuentemente son discriminados a la hora de aplicar para un puesto, pues los descalifican al solamente explicar que residen en la línea.

La vecina Marta Lemus argumentó: “La situación es crítica en las noches, pues por la oscuridad somos asediados por los grupos delincuenciales y los miembros de la Policía Nacional Civil prestan poca vigilancia”.

Crear estrategias

Osmín Revolorio, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos, expuso que los servicios básicos son indispensables para vivir y es inexplicable cómo han pasado administraciones municipales y no han creado estrategias para aliviar, de alguna manera, esta problemática.

Consideró que la comuna escuintleca debería de tratar, ante al gobierno de Colom, el caso de los residentes en la orilla de la línea del ferrocarril, ya que son como 15 mil niños los que conviven en condiciones deplorables

Arturo Navas, gobernador departamental, expuso que, por la ilegalidad en que estas personas residen en ese lugar, el actuar de cualquier autoridad en beneficio de ellos no sería prudente.

Gobierno central

“En lo que a mí respecta, este caso debe ser solucionado por el Gobierno, ya sea reinstalándolos en otro lugar o legalizándoles los terrenos que ocupan”, manifestó el funcionario.

En cuanto al alcalde Julio Melgar, puntualizó que es penosa la situación en que vive esta gente; pero la Municipalidad no los puede ayudar porque están asentados en propiedad de la empresa Ferrovías.

“No tengo potestad sobre estas áreas, por lo que es imposible efectuar trabajos de drenaje, agua entubada y colocar postes para el tendido eléctrico”, subrayó el jefe municipal.

Anabella Batres, directora del Área de Salud de Escuintla, comunicó que, a causa de un convenio, es al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social al que corresponde atender esa área.