El periodismo es una profesión riesgosa, en todas partes y todos los tiempos. Cuando en este ejercicio se enfrentan intereses poderosos, la vida de los comunicadores sociales se pone en riesgo. Tradicionalmente han sido los gobiernos autoritarios quienes se constituyen en verdugos de la libre expresión del pensamiento. Sin embargo, en los últimos tiempos, cuando las democracias se han generalizado en nuestro continente, ha surgido un nuevo verdugo: los poderes paralelos vinculados a las actividades ilícitas, tales como contrabando, trata de personas y, por supuesto, el narcotráfico.

En Guatemala, la magnitud de este problema todavía no está suficientemente visibilizada, y se expresa principalmente en “el interior” del país, donde los periodistas departamentales no pueden sacar a luz pública lo que la población local conoce y sufre debido a estos poderes paralelos.

Pero en nuestra vecindad del norte, en México, este problema ya se expresa con toda fuerza. Tal es el caso de la periodista Lydia Cacho, detenida en diciembre del 2005 en Cancún, por agentes policiales del Estado de Puebla, quienes la trasladaron encapuchada, bajo presiones y amenazas de muerte, hacia la capital mexicana, para enfrentar una acusación de difamación planteada por el empresario textil Kamel Nacif.

El origen de este problema es el libro escrito por la periodista Cacho titulado Los demonios del Edén, en el cual denunció una red de pederastia encabezada por el empresario libanés Jean Surcar Kuri, protegido por Nacif, a quien diversos medios mexicanos vinculan con numerosos políticos, especialmente con el gobernador de Puebla, Mario Marín.

A partir de los atropellos sufridos, Lydia Cacho presentó una denuncia en contra de las autoridades de Puebla, por la violación a sus derechos constitucionales, la que ha quedado congelada en la Fiscalía, según ella indicó en una entrevista reciente.

Sin embargo, las vejaciones sufridas y los riesgos enfrentados no la han doblegado y ya documentó en otro libro, Historia de una infamia, las agresiones y amenazas que sufrió durante su detención y proceso judicial.

Tan grave es su situación, que la propia Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Louise Arbour, le sugirió que abandonara su país, después de que la Corte Suprema de Justicia mexicana dictaminara que en su caso no hubo una violación grave de sus garantías individuales. Naciones Unidas también ha ofrecido a Lydia apoyo para lograr asilo político, obtener asesoría jurídica y acudir a diversos tribunales internacionales.

Esto es un claro ejemplo de la vulnerabilidad en que se colocó a Cacho después de la resolución judicial, pero también de la crisis en que se encuentra la libertad de expresión.

Como se ve, este caso se enmarca en la situación que viven los periodistas de cara a los poderes paralelos, que los acechan continuamente, para evitar que sus delitos sean develados y, eventualmente, castigados. En México, las acciones de la narcoactividad han cegado la vida de seis periodistas, sólo el año anterior.

Pero lo más trascendental que pretendo señalar al relatar este lamentable hecho es que la situación que afronta México no es aislada ni circunscrita a un problema nacional. Lo que Lydia Cacho está viviendo nos atañe a todos los periodistas, especialmente a los latinoamericanos, puesto que los poderes paralelos penetran las sociedades y los Estados, produciendo, entre otras muchas consecuencias trágicas, la conculcación de la libertad de expresión del pensamiento y de prensa. Ayer fueron las dictaduras militares y los intereses que éstas defendían, hoy, en democracia, son también los poderes paralelos.

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