A causa de que el Congreso de la República tomó la cuestionable decisión de desenterrar el retrógrado recurso de gracia presidencial para los condenados a muerte, el tema de la pena máxima ha vuelto al interés nacional en los últimos días y ha generado algunas reacciones que deben ser analizadas en el contexto general de la situación del país.

Las dos reacciones más claras son, por un lado, el apoyo que la aplicación de la pena de muerte tiene en segmentos muy grandes de la población, como lo prueba el resultado de las llamadas de los lectores de Prensa Libre a la sección Voto Libre. La otra es la oposición tajante de la Iglesia Católica, representada por el cardenal Rodolfo Quezada, arzobispo de Guatemala. Hay algunas otras, como la del procurador de los Derechos Humanos y la del representante de la Unión Europea, también adversas a la aplicación de ese castigo.

El apoyo de los guatemaltecos a esa pena no es resultado de que la nuestra sea una sociedad de personas desalmadas, ansiosas de sangre y muerte, sino como efecto de que entre la gente común y corriente, simplemente interesada en poder vivir con las mínimas condiciones de seguridad, existe una amarga desesperación por el incremento de los hechos de criminalidad y de violencia, y por la impunidad de la que goza todo tipo de delincuentes, como consecuencia de muchos motivos, entre ellos, la ineficiencia de las autoridades policiales y judiciales.

La oposición a la pena de muerte tiene relación directa con motivos filosóficos de valoración de la vida humana sobre cualquier otro tipo de consideración, sin tomar en cuenta el daño que un delincuente pueda hacer a sus víctimas y a la sociedad. En cambio, el apoyo a este castigo tiene un fundamento igualmente filosófico, según el cual existen momentos en los que las acciones de una persona en contra de la sociedad le revocan el derecho a la vida.

La oposición a la pena máxima tiene también algunos presupuestos: la existencia de un sistema judicial que no facilite la impunidad de los criminales, pero sobre todo que no haya un número no exagerado de delincuentes profesionales que asesinen, violen o ataquen por causas que son cada vez más pequeñas, por decirlo así: para robar un monedero o un celular, o como sistema para establecer un reino de terror entre los ciudadanos cuando realizan actividades tan simples pero fundamentales como lo son viajar en autobuses a su casa o su trabajo.

Cuando la criminalidad organizada se enfrenta a las autoridades, como lo ha hecho en los últimos días, y asesina a pilotos o se ensaña con mujeres indefensas, es el momento de tomar acciones que manden un claro mensaje a quienes quieren mantenerse aterrorizando a la comunidad. La gracia presidencial sí constituye un retroceso histórico, pero la aplicación del máximo castigo, en casos claramente determinados y luego de un proceso, libera a la sociedad de criminales irrecuperables, y reduce la cantidad de asesinatos por encargo de delincuentes, casos que también han aumentado en los últimos días.