Nadie duda que en Guatemala hay un factor que sobrepasa el poder del Estado, que se encuentra en sus mismas entrañas, que lo rodea, lo acecha, se burla de él, lo desafía cotidianamente y le ha ido arrebatando terreno. Algunos lo llaman “poderes paralelos”, fácticos, o cuerpos ilegales, pero todos reconocen, de una u otra manera, que son quienes imponen su ley y su orden.

La población está a su merced; ellos intimidan, secuestran conciencias, suplantan valores, pervierten, amenazan, corrompen, asesinan. Hay temor a denunciar, a investigar y a juzgar, por lo que el Sistema de Justicia está de rodillas ante tan poderoso rival. Sus componentes presentan debilidades, tal el caso de la Policía Nacional Civil, que goza de la desconfianza ciudadana, tanto que en algunos lugares, como San Juan Sacatepéquez, los vecinos han asumido, de hecho, el papel de autoridades. Otros, como los fiscales, desbordados de expedientes, no logran aportar suficientes pruebas para la condena de los culpables y, lamentablemente, a veces, persiguen y encarcelan a inocentes.

Y qué decir de los jueces y magistrados, señalados constantemente de tráfico de influencias o de cohecho.

En esa cadena, casi todos sus integrantes sucumben; la Corte Suprema de Justicia se ha ganado un desprestigio coronado con la resistencia de uno de sus miembros a abandonar su cargo, tenga o no razones para la obstinación. El Sistema Penitenciario es guarida y cobijo de delincuentes que continúan desde ahí ordenando actos ilícitos y realizando revueltas. Ese desborde de condiciones propicias para la ilegalidad ha evidenciado la debilidad de los operadores de justicia.

En ese descomunal desorden, no es pensable, ni posible, hablar de justicia, mucho menos pronta y cumplida, condición que, desde hace décadas, ha favorecido la instalación del reino de la impunidad. Y aunque no tenemos la exclusividad de contar con altísimos niveles de delincuencia organizada, ya que esto ha sido otro efecto de la globalización, sí presentamos ostensibles diferencias con nuestros vecinos, que también se ven invadidos por esos actores indeseables y presentan índices de criminalidad muy parecidos a nosotros. En lo que nos diferenciamos es en la capacidad de respuesta. Según datos de Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), mientras en nuestro país dos de cada cien casos han sido resueltos, en El Salvador se resuelven 45; en Costa Rica, 80, y en Chile, 95.

Ante tal gravedad, el mismo Estado se vio en la necesidad de pedir apoyo a la comunidad internacional para desarticular esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos, a fin de poder combatir la impunidad. Esa es la génesis de la instalación de la Cicig, un órgano internacional autónomo, producto de un convenio entre el Gobierno y la Oficina del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas.

Esta comisión goza de total independencia y objetividad, no depende del presupuesto nacional, está patrocinada por donaciones internacionales; la mayoría de sus miembros no son guatemaltecos, por tanto, las intimidaciones no surten el mismo efecto que en nuestros compatriotas que están igual de vulnerables que nosotros.

Su mandato es apoyar al Sistema de Justicia en materia de investigación penal y asesorar al Gobierno y a otros entes, para el desmantelamiento de esos aparatos ilegales. La expectativa es que se alcance ese objetivo, pero lo más difícil será la recuperación de confianza en el sistema.

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