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Guatemala, 29 de febrero de 2008

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Nacional

Iniciativa Instancia analizará mecanismos para combatir la impunidad

Buscan justicia ambiental  

Funcionarios y ambientalistas discuten sobre la impunidad ambiental en el país.

Reunión

Mesa de discusión

Función de la Mesa de Justicia Ambiental

• Promover cambios en las leyes, para ser más coercitivos contra los depredadores y usurpadores

•  Seguimiento de casos estratégicos de impunidad ambiental

•  Coordinar acciones para la aplicación de la justicia ambiental

ParadigmÁtico

El caso Choc  

Rafael Maldonado, coordinador del Centro de Acción Legal Ambiental y Social, destacó que la Mesa de Justicia Ambiental no busca interferir en la acción de los jueces, sino tomar casos paradigmáticos como el de Ramiro Choc, líder de grupos que han usurpado tierras dentro de las áreas protegidas, para sentar precedentes en la protección de los recursos naturales.

De acuerdo con las autoridades ambientales, las usurpaciones, sobre todo de los últimos años dirigidas por Choc, han causado la destrucción del 40 al 50 por ciento de los bosques en el biotopo Chocón Machacas y el Parque Nacional Río Dulce, en Izabal.

Otras fuentes señalan que Choc ha promovido invasiones de otras áreas protegidas como el Cerro San Gil, así como de reservas forestales privadas, con lo que ha fomentado la ingobernabilidad y atacado a guardarrecursos y policías.

Choc fue detenido el 14 de este mes y sus seguidores amenazan con acciones violentas.

Maldonado afirmó que Calas propone darle seguimiento a casos estratégicos hasta que lleguen a sentencia, para que el público los conozca, y uno de esos casos es el de Choc, porque es un claro ejemplo de impunidad ambiental.

Luis Ferraté, ministro de Ambiente, opinó ante los asistentes a la primera reunión de la Mesa de Justicia Ambiental que las hordas usurpadoras de las áreas protegidas, en Izabal, atentan contra la existencia de ese departamento.

Ferraté consideró que los derechos naturales están por encima de los derechos humanos, porque si se destruyen las áreas protegidas, las cuales proveen servicios ambientales, como el agua, se muere la vida humana.

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Por A. Ramírez Espada periodismo comunitario

Funcionarios vinculados a la protección de los recursos naturales, diputados y ambientalistas efectuaron ayer la primera reunión, para crear la Mesa de Justicia Ambiental.

La iniciativa fue lanzada por el Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas) y durante la reunión, efectuada en un hotel de la zona 10, los asistentes coincidieron en la necesidad de crear esa instancia, ante el continuo deterioro ambiental del país.

Uno de los aspectos en que coincidieron los participantes es en la falta de coordinación y apoyo que existe entre las instituciones, para combatir delitos como el tráfico de madera, usurpaciones en áreas protegidas, contaminación de fuentes hídricas y deforestación.

Noé López, fiscal de Delitos contra el Ambiente, dijo que la falta de apoyo de los tribunales ha permitido que usurpadores queden libres, porque el juez argumenta que no se prueba que el área sea protegida, o bien le piden evidencias que no se pueden conservar, como plantas o animales.

Capacitación de jueces

Rubén Eliú Higueros, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, destacó la necesidad de capacitar a los jueces en aspectos ambientales y enfatizó que el Organismo Judicial dará todo su apoyo a la mesa de justicia.

El diputado Francisco Barquín, de la Comisión parlamentaria de Ambiente, aseguró que debe crearse un sistema de inteligencia ambiental, que investigue los casos de usurpación, porque hay personas con poder económico que envían campesinos a destruir bosques en Petén, y luego se apropian de grandes extensiones. Como ejemplo, se refirió a un hombre llamado Macario que vendió 700 hectáreas dentro de la Reserva de la Biosfera Maya.

Luis Ferraté, ministro de Ambiente, destacó la necesidad de unificar las instancias ambientalistas del Estado bajo una rectoría, para hacer más eficiente su función.

Yuri Melini, de Calas, subrayó que la población debe tener acceso a la justicia ambiental, porque de las 653 denuncias presentadas en el 2007, ninguna llegó a sentencia.

La mesa se volverá a reunir a finales de marzo y quedará constituida en forma oficial.

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