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Obligación de informar

La ley de acceso a la información obligaría a rendir cuentas.

• Todas las entidades públicas, autónomas, descentralizadas y privadas que reciban fondos públicos estarían obligadas a dar información sobre su gestión y la administración de sus recursos.

• Los ciudadanos podrían solicitar información, y si en un plazo de 10 a 30 días no obtienen respuesta, tendrían derecho a plantear una revisión ante la autoridad superior del ente al que se le requirió. De continuar la negativa, podrían plantear un amparo en los tribunales.

• Se fijan sanciones para los funcionarios que, de forma arbitraria e injustificada, obstruyeran el acceso a la información o la suministraran en forma incompleta.

• Tras la primera lectura —de tres que necesita para convertirse en ley—, se prevé que en sesiones del próximo 22 y 23 continúe la discusión.

“Quiénes son transparentes” 

“Queremos saber quiénes son los diputados transparentes”, se leía en una de las mantas con las que, desde un palco del Palacio Legislativo, integrantes de Acción Ciudadana demandaban a los congresistas apoyar la ley de acceso a la información.

Las pancartas que colocaron en ese palco eran el único medio para expresar su petición, ya que encargados de protocolo de ese organismo les habían pedido que permanecieran en silencio.

Poco antes incluso se les había negado el acceso al Congreso, a pesar de que en otras ocasiones se ha permitido el ingreso de sectores que llegan a apoyar alguna iniciativa.

“Esta es la casa del pueblo, no pueden negarles que entren. Les están limitando su derecho a expresarse libremente”, se quejó Rosa María De Frade, una de las ponentes de la iniciativa para el libre acceso a la información pública, quien fue a pedir auxilio al primer secretario del Legislativo, Roberto Alejos.

Éste se presentó de inmediato en la puerta del Congreso y ordenó que permitieran el ingreso a los miembros de Acción Ciudadana, con todo y pancartas.

De León  Derecho 

“Me siento complacida porque se conozca esta ley, que desarrolla el derecho sagrado de los ciudadanos a acceder a información y archivos públicos, fijado en la Constitución, y sobre el que se debió legislar hace mucho”, dijo Anabella De León, del PP.

Taracena  Contra la prensa 

“Creo que las objeciones de los unionistas no son por el fondo de la ley, sino que se deben a viejos amores entre el alcalde Álvaro Arzú y los medios de comunicación. Es una buena ley, y aunque al principio podría haber problemas, será de beneficio”, opinó Mario Taracena, de la UNE.

Rayo  Enmiendas 

“Nos alegra que pasara su primera lectura. Estaremos listos para que cuando llegue el momento se discutan las enmiendas que sugerimos —se incluya a los que reciben exoneraciones fiscales—, que lo único que buscan es garantizar que la ley podrá aplicarse”, afirmó el unionista Mariano Rayo.

García  Buena iniciativa 

“Esta es una buena iniciativa, que fue analizada seria y críticamente en la Comisión de Legislación. Es el momento para que los partidos enfrentemos este reto histórico y aprobemos esa ley de acceso a la información”, dijo Aníbal García, de EG.

Pérez Molina  Plazo 

“La única enmienda que estimamos necesaria para esta ley es que el plazo para que cobre vigencia sean 30 días, no 60, como se propone, ni 180, como pide la UNE. Creemos que un mes es suficiente para que las instituciones se preparen”, opinó Otto Pérez Molina, del PP.