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Aunque el proyecto de ley de libre acceso a la información pública pasó ayer en el Congreso en primera lectura, lo ocurrido en el hemiciclo se convirtió en la muestra que confirmó la poca voluntad política de diputados de todas las bancadas, quienes echaron mano de algunos recursos con el fin de derrumbarla desde el principio, y por ello existe la posibilidad muy clara de que quede engavetada, como ha ocurrido con tantas otras normas.

Los diputados ponentes habían solicitado que la ley fuera declarada de urgencia nacional, para lo que se necesitan al menos 105 votos. No pudo hacerse, a causa de que abandonaron el hemiciclo todos los diputados unionistas, menos el jefe de bancada; varios eferregistas, algunos patriotistas e incluso otros del partido de gobierno. Conforme se desarrollaba el debate empezaron a salir otros congresistas, al punto de que el quórum quedó en 84 representantes. Con esa cantidad pasó en primera lectura, y el presidente en funciones del Congreso, Arístides Crespo, del Frente Republicano Guatemalteco, dijo que la segunda y tercera lecturas se efectuarán el 22 y 23 de julio.

Es necesario señalar que, si por cualquier causa no se cumple ese ofrecimiento, la ley quedará para otra ocasión. Crespo, entonces, debe demostrar con hechos que no está contra esa norma. Por aparte, algunos diputados oficialistas, por diferencias con el presidente Álvaro Colom, se niegan a apoyarla. El gobernante debe, por tanto, demostrar su liderazgo y lograr que la ley sea aprobada sin cambios que la conviertan en un instrumento inoperante.

Mientras, los unionistas insisten en que se debe cambiar la ley, para que no queden agregados dentro del campo de ésta las organizaciones no gubernamentales, los organismos internacionales y los fideicomisos. Su lucha es a brazo partido, y han hablado con integrantes de otras bancadas para convencerlos de la necesidad de dejar que sigan siendo un secreto las informaciones sobre el uso de fondos públicos, lo que, de hecho, es una frazada para seguir cubriendo acciones anómalas, incorrectas e ilegales.

El futuro de la ley depende de que el diputado Crespo cumpla con la promesa hecha ayer y demuestre que sus declaraciones de apoyo a la libre información son verdaderas. El sabor amargo queda en la ciudadanía, cuando comprueba que hasta las más duras críticas contra el Organismo Legislativo son pálidas cuando la realidad demuestra el poco interés en que se dificulte el enriquecimiento ilícito y la burla de los instrumentos de control establecidos en el andamiaje legal.

Como es evidente, no será fácil la lucha porque los políticos corruptos afronten dificultades para cometer sus marrullerías. Sin embargo, la batalla la tienen perdida, porque aunque logren engavetar la ley, gracias a componendas o a amenazas, quedarán marcados por la historia, cuyo juicio es inapelable y severo. Es fundamental que las instituciones nacionales se pronuncien al respecto: no se puede vivir en democracia cuando los ciudadanos carecen de la posibilidad de exigir informes de cómo se usa el dinero que han pagado a través de los impuestos.