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MADRID (AFP) - El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el poder, se pronunció el sábado durante su congreso en Madrid en favor de reforzar el laicismo del Estado español y, en otro campo, abogó por flexibilizar las condiciones del aborto.

En particular, los socialistas expresaron su voluntad de retirar los símbolos religiosos de "los espacios públicos y los actos oficiales".

Esta iniciativa, que amaga con abrir un nuevo frente de tensión entre la Iglesia católica y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, está reflejada en un texto difundido por el PSOE en el que se defiende enmendar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa en vigor.

El texto pide el fin de la "confesionalidad" que persiste en España y reclama una "desaparición progresiva de los símbolos y liturgias religiosas en los espacios públicos y en los actos oficiales del Estado".

Según el diario El País, esta medida llevaría a eliminar los crucifijos de los edificios públicos y durante las ceremonias de juramento de los nuevos ministros que se celebran en el palacio real de la Zarzuela, en presencia del rey Juan Carlos.

El texto del PSOE si bien no pide una revisión de los acuerdos entre el Estado y la poderosa Iglesia católica, cuyas modalidades de financiación fueron recientemente modificadas, aboga por un reequilibrio en favor de las religiones minoritarias en España, con un "trato igualitario".

El Estado español subvenciona indirectamente con unos 4.000 millones de euros anuales a la Iglesia y a las organizaciones católicas, mientras que las otras confesiones, como el islam, con unos tres millones de fieles en España, apenas reciben tres millones de euros anuales, según El País.

La Iglesia católica, concluye el documento socialista, "debe ser consciente" de que la Constitución española no le concede "derechos predominantes" ni "privilegios" susceptibles de limitar el "carácter no confesional" del Estado.

Las relaciones se han enturbiado en los últimos años entre el gobierno de Zapatero y los obispos españoles, muy críticos con las reformas socialistas como la legalización de los matrimonios homosexuales.

El PSOE acusó a la Iglesia de tomar partido en favor de la derecha durante las elecciones legislativas del pasado marzo, al cargar contra el gobierno por poner en peligro la "familia" en España o de haber negociado con la organización separatista armada vasca ETA.

Por otro lado, los socialistas, en el poder desde 2004, defendieron en el congreso una revisión legislativa sobre las condiciones del aborto.

La vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que el partido priorizará una "reforma vanguardista en la protección de los derechos de las mujeres", inspirada en las "experiencias más innovadoras de las leyes europeas de indicaciones y plazos".

De la Vega no concretó no obstante en qué pretenden basar estos futuros cambios.

La interrupción del embarazo está despenalizada en España en caso de violación (hasta 12 semanas), de malformaciones del feto (22 semanas) o cuando existe un "peligro para la salud física o psicológica de la mujer" (sin límite de tiempo).

Una gran mayoría de los abortos son practicados con el argumento de "riesgo psicológico" para la salud de la madre y a menudo se realizan muy tardíamente, a los seis, siete u ocho meses de embarazo.

Una cuarentena de clínicas privadas que practican el aborto se declararon en huelga a principios de enero en protesta contra "la persecución" de la que aseguran ser blanco por parte de las autoridades sanitarias.