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La Constitución Política de la República es nada más y nada menos el instrumento legal que establece la base jurídica para crear la ley de libre acceso a la información pública, obligar a los funcionarios del Gobierno a otorgarla y también a declarar punible cualquier maniobra que lo impida. Esto hace estéril y constitucionalmente prohibida la lucha de quienes han reaccionado para evitar que se haga realidad esa norma, aprobada ya en primera lectura por el Congreso.

Aunque a los políticos en general no les agrada la idea de que sea libre el acceso a la información, lo que se manifestó en algunas maniobras realizadas el jueves recién pasado en el Legislativo para que la norma en mención no se aprobase, quienes se convirtieron en el símbolo de la oposición a esa ley fueron el Partido Unionista; el jefe de su bancada, Mariano Rayo; y el caudillo del partido, Álvaro Arzú, quien, por su calidad de ex presidente de la República, está obligado a conocer la Constitución.

Llama la atención que los unionistas y el alcalde capitalino no estén enterados del contenido del artículo constitucional 237, el cual señala que en los presupuestos no pueden incluirse gastos confidenciales o que no estén sujeto a fiscalización, y que esto se aplica a “cualquier organismo, institución, empresa o entidad descentralizada u autónoma”. Indica, además, que los presupuestos del Estado son documentos públicos, “accesibles a cualquier ciudadano”, y que el funcionario que impida o dificulte la consulta “incurrirá en responsabilidad legal”. Este artículo no da lugar a equívocos. Es claro.

La argumentación de que los fideicomisos son numerosos y han sido utilizados durante años se desmorona por inconsistente. Tampoco es sostenible negar información porque puede ser mal utilizada. Arzú ha demostrado otra faceta de su ignorancia lamentable, al haber “invitado” a los presidentes de periódicos a asistir a un canal del monopolio de la televisión abierta —con los que tiene complicidad— a discutir sobre la ley que le causa reacciones tan hepáticas. No tiene autoridad alguna para hacer esa payasada, y por eso, era inadmisible siquiera pensar en aceptar.

Los unionistas, al pedir que la ley obligue a hacer públicos los números de las empresas que usan materias primas importadas con arancel cero —situación en que se encuentra un alto porcentaje de éstas—, intentan agregar una inconstitucionalidad, para que luego la corte respectiva lo declare así y la ley se derrumbe. De nuevo, ese dato lo debería saber el alcalde, por haber ejercido la Presidencia de la República.

En resumen, oponerse a una ley como la ahora comentada solo puede interpretarse como un esfuerzo por ocultar datos a los que la ciudadanía tiene derecho a conocer, porque comprueban corrupción. Manejar fondos estatales con secretismo por medio de fideicomisos, organizaciones no gubernamentales o entidades internacionales, también es corrupción. La solución es simple: cumplir con la Carta Magna. Así terminarán los dolores de cabeza del irascible alcalde capitalino, quien cree estar por encima de la ley.