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La incertidumbre respecto de la posibilidad de la satisfacción de las necesidades básicas gravita, en estos días, sobre la cotidianidad de las familias guatemaltecas.

No existe, virtualmente, ningún sector de la vida nacional que esté libre de los efectos perniciosos de una carestía sin parangón en los últimos 14 años, porque la indetenible escalada de precios diezma tanto el presupuesto de un asalariado, como cierra las puertas de producción y mercadeo de las grandes compañías.

La inflación ha orillado a Guatemala a un círculo infame en el que, además de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, cobra fuerza el fantasma del desempleo, porque la incapacidad de compra de la población empuja a las empresas a disminuir la oferta de sus productos y, consecuentemente, a recortar su fuerza laboral.

Como lo demuestra una estadística oficial divulgada ayer, la inflación interanual ronda el 14 por ciento, lo que traducido en un lenguaje llano representa un incremento, en el mismo porcentaje, en el curso de solo un año, sobre los 26 productos más sensibles en la subsistencia de la población.

La crisis económica está frustrando los anhelos de los guatemaltecos de disfrutar de una existencia digna, porque luego del corto alegrón del crecimiento del Producto Interno Bruto en los últimos dos años, el racionamiento en la cantidad y calidad de alimentos y de otros satisfactores básicos se hace evidente en el presupuesto familiar.

Y si esa lúgubre situación restringe la potencialidad de compra de quienes dependen de un salario o de una actividad productiva propia, no es difícil imaginar el calvario de quienes viven en la pobreza y carecen de todo tipo de respaldo para llevar a sus hogares lo básico, a fin de alimentarse y vestirse.

Las medidas económicas anunciadas por el Gobierno han resultado ineficaces para paliar el impacto de la carestía, porque en el devenir de la historia humana nunca ha funcionado la intromisión entre el llamado mercado perfecto constituido por la oferta y la demanda. Pero, después de esa fallida propuesta, se siente en el ambiente una especie de sopor que impide generar nuevas estrategias públicas para atacar la crisis.

Existe en la población expectativa acerca de lo que debe hacer el Gobierno, que por otra parte está obligado a buscar nuevos mecanismos que atenúen el impacto de la inflación, más allá del fácil expediente de culpar de los males económicos a factores externos, como el costo del petróleo o la demanda de alimentos para la producción de biocombustibles.

El tiempo es el peor enemigo del Gobierno en cuanto al diseño de una estrategia efectiva, por cuanto cada día que pasa se complica más el panorama nacional y presagia para el país mayores desdichas económicas que las actuales. Por otra parte, la falta de acción envía malas señales a los ciudadanos y al sector productivo, que deben lidiar todos los días con otros efectos de la incapacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones frente a la sociedad, como la delincuencia, la impunidad y la falta de transparencia en el uso de fondos públicos.