Prensa Libre - Edición Electrónica

La anunciada decisión gubernamental de adherir a Guatemala a la iniciativa venezolana conocida como Petrocaribe ha originado una avalancha de opiniones sobre su conveniencia o desventajas.

Hasta ahora, lo concreto de esa negociación en lontananza es que las empresas importadoras de combustibles pagarán el valor al Gobierno, y éste destinará la mitad de esos fondos a inversión social, aprovechando que Venezuela financiará la operación a 25 años plazo y con un interés de solo uno por ciento.

La oferta ha tentado al presidente Álvaro Colom, que busca ahora el respaldo del Congreso para aprobar el negocio y así usar aquellos recursos en inversión social, aunque eso suponga el crecimiento de la deuda externa a niveles inéditos.

Desde 1930, a raíz de la crisis mundial de 1929, originada en el endeudamiento externo, los sucesivos gobiernos guatemaltecos han manejado con encomiable prudencia aquella opción de financiamiento, gracias a lo cual ésta ronda los U$4 mil 200 millones y es, en términos generales, una de las más bajas de América Latina. A lo largo de esos 78 años, el país ha visto desfilar numerosas crisis originadas en aquel factor, como la de México, en 1982, o la de Argentina, del 2001, y cada una de esas experiencias sirvió para cimentar el acierto de evitar el incremento excesivo de aquel lastre.

De la opción venezolana se puede argumentar que el interés es sumamente bajo. Pero, precisamente, esa característica es la que tienta a acceder a una oferta con fuertes implicaciones éticas y políticas, porque puede llevar al país a un compromiso estratosférico y un círculo vicioso en el que con el tiempo se deban contraer nuevos préstamos leoninos, solo para el pago de intereses.

Aunque a simple vista la oferta sea atractiva como fuente de recursos para la obra pública, el efecto intangible de una inversión que no está destinada a la producción de bienes y servicios se convierte en un factor de subdesarrollo, tanto por el motivo antes señalado, como porque contribuiría al crecimiento de la inflación y a déficits sostenidos.

El Ejecutivo y el Congreso tienen que actuar con responsabilidad para no dar carácter de providencial panacea a un espejismo que, como lo demuestran las experiencias de Honduras y Nicaragua, no ha dado los resultados esperados.

Guatemala no afronta crisis de abastecimiento, que sería lo único que justificaría el aprovisionamiento de petróleo venezolano. Por otra parte, esta subvención hipotecará el futuro del país y restringirá las posibilidades de desarrollo de las futuras generaciones. El Gobierno debe buscar internamente el financiamiento para atender las necesidades sociales. Hay diversas opciones, como el mejoramiento de la recaudación fiscal y la priorización y calidad del gasto público.

En el seno del Gobierno hay personas responsables que pueden dar luces sobre los efectos a largo plazo de esta medida, como el canciller Haroldo Rodas, cuyo brillante paso por la Secretaría de Integración Centroamericana le permitió conocer los riesgos políticos y sociales de resolver apremios con dinero ajeno y que no es, precisamente, regalado.