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Pese a las promesas de transparencia y libre acceso a la información hechas por el presidente Álvaro Colom, y a la obligatoriedad legal para las autoridades de hacer público el dato, no es fácil saber con exactitud cuánto ganan los ministros y funcionarios de alto rango, debido a la falta de información al respecto.

El acuerdo gubernativo 645-2005 (reformado por el 535-2006) obliga al Ejecutivo a publicar esta cifra en las páginas oficiales que el Gobierno tiene habilitadas en Internet; sin embargo, no se facilita el acceso a la información pública en el Organismo Ejecutivo y sus dependencias.

En uno de sus artículos, el documento dice textualmente: “El Organismo Ejecutivo está obligado a poner de conocimiento público, por medio de un portal en Internet u otros medios a su alcance, montos de remuneraciones, honorarios, viáticos y gastos de representación de los funcionarios, empleados o asesores que presten servicios en sus dependencias”.

La rendición de cuentas debe presentarse en acto público, dentro de los tres primeros meses de cada año, y debe contener presupuestos detallados, contrataciones efectuadas y su monto; modificaciones, transferencias presupuestarias y remuneraciones que, por cualquier concepto, perciban los funcionarios, empleados o asesores que presten servicios en el Ejecutivo, independientemente de la forma en que hayan sido contratados.

La nueva administración no lo ha hecho, y los acuerdos no mencionan excepciones en los casos de transiciones gubernamentales. Expertos consultados aseguran que el dato ya debió ser publicado en la Red.

El problema es que, cuando se quiere conocer el dato por otra vía, no es fácil obtenerlo. En el Ministerio de Finanzas, los funcionarios consultados argumentan que se trata de un gobierno nuevo.

En la Oficina Nacional de Servicio Civil —responsable de la aplicación de la Ley de Servicio Civil, reglamentos y otras normas complementarias con las cuales se rigen todos los servidores públicos— solo proporcionan el dato del sueldo base. La información sobre lo que devengan los funcionarios en dietas, gastos de representación, remuneraciones y viáticos es difícil de obtener.

Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, sostuvo que el argumento de la cartera del tesoro no es válido. “El Estado prevalece, y si hay un acuerdo vigente, éste debe cumplirse”, expresó.

Esta opinión es compartida por Hugo Maúl, ex comisionado por la Transparencia y contra la Corrupción. “El acuerdo está vigente, y no ha sido derogado; no obstante el cambio de gobierno, sus disposiciones siguen siendo obligatorias”, advirtió.

Manfredo Marroquín, representante de Acción Ciudadana —entidad que brindó apoyo técnico para la elaboración de la agenda anticorrupción del nuevo gobierno—, opinó que el informe del Plan de los Cien Días sustituyó, este año, los ejercicios de rendición de cuentas que establece el acuerdo 645-2005.

No obstante, el documento en mención no presenta el detalle de lo que devengan las nuevas autoridades, y únicamente hace referencia a una reducción de Q19.5 millones en contrataciones bajo el renglón 0-29, de Q1.1 millones en telefonía, Q10.9 millones en divulgación e información, Q6.4 millones en viáticos al exterior, y Q1.4 millones en transporte de personas.

En el discurso de los Cien Días, el presidente criticó la falta de transparencia durante la transición gubernamental, al haberse ocultado información de vital importancia. “Encontramos salarios de funcionarios medios de hasta Q60 mil y Q70 mil, y muchas otras irregularidades”, aseguró, pero no se ha aclarado nada.

Sin actualización

En la Red tampoco da a conocer cuánto ganan los funcionarios. Cuando se intenta conseguir el dato en el renglón de Nóminas del portal Transparencia Fiscal, del Ministerio de Finanzas, éste no está desplegado, y no se muestra información de transferencias ni de sueldos.

Funcionarios de Finanzas afirmaron que esa información hay que solicitarla a cada dependencia del Ejecutivo, pero no se pudo obtener en su totalidad; en algunos casos, fueron los propios ministros quienes dijeron cuánto ganan.

Esto es una muestra de que, pese a los ofrecimientos de transparencia de parte de las diferentes administraciones gubernamentales, poco se ha hecho para lograr que la sociedad en general tenga acceso a ese tipo de información.

El 1 de abril del 2008, el presidente Álvaro Colom se convirtió en el mandatario número 53 del hemisferio occidental en firmar la Declaración de Chapultepec, y ratificó su apoyo a que en el país se ejerzan las libertades de prensa y de expresión.

Ese día dijo que en su gestión no se impediría el acceso de los medios de comunicación ni de los ciudadanos a la información; por el contrario, informó que se organiza un sistema nacional que facilite esa actividad.

El incumplimiento de promesas no es exclusivo de este gobierno. El anterior tampoco respetó en su totalidad el acuerdo firmado por sus propios ministros, deficiencia que admite Maúl. “Es necesario un mayor acceso a la información sobre cómo se manejan los salarios”, opinó.

El ex funcionario explicó que la anterior administración hizo esfuerzos para que los portales de transparencia de las instituciones mostraran detalles de los sueldos y otras prestaciones de los funcionarios y empleados públicos, pero que en los últimos meses no se les dio continuidad.

Nueva ley

Expertos consultados refirieron que el problema es que los acuerdos gubernativos no establecen sanciones para quienes los violen, y por ello nadie los cumple.

El diputado Leonardo Camey Curup, miembro de la Comisión de Transparencia del Congreso, compartió que un acuerdo gubernativo no surte los efectos de presión que se necesitan. “Deben ser elevados al rango de decreto, para que sean cumplidos”, recomendó.

A criterio de Marroquín, la población debería tener acceso no solo a la información sobre sueldos, sino a toda aquella que sea de interés público. “Seguimos sin tener una ley de acceso a la información pública, y eso dificulta que se puedan tener estos datos disponibles”, se lamentó.

De acuerdo con Lisardo Bolaños, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), es importante saber cuánto ganan los funcionarios, a fin de evaluar el costo de esta inversión para la sociedad y compararlo con los beneficios que se obtienen. “No existe garantía de que este salario esté justificado”, expresó.

Mientras tanto, la población se debe conformar con saber solo lo que el Gobierno quiere, y esperar a que, en el futuro, algún presidente cumpla, por fin, lo que ofreció durante la campaña y rinda cuentas.