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La iniciativa de eliminar los impuestos que gravan al diésel, la cual pretende paliar el efecto de los incrementos a precios en Guatemala, debe ser analizada con mucha cautela. Aunque la intención sea buena, económicamente quizás no es la más acertada por varias razones.

Primero, la población debe entender que cualquier medida política que se adopte con relación al tema precios es de tipo doméstico, mientras que el fenómeno tiene causas originadas fuera del país. No vamos a revertir ni corregir las causas de un problema que se está originando en otra parte del mundo.

Segundo, el precio del diésel es solamente uno de muchos precios que están subiendo. Por lo tanto, reducir temporalmente dicho precio no garantiza un beneficio muy grande para la población.

Tercero, la medida propuesta no está libre de costos. En la estructura de ingresos del Estado de Guatemala, los impuestos al petróleo y derivados representan una tajada significativa. Por lo mismo, al eliminar dichos recursos se estarían comprometiendo inversiones públicas en otras áreas como puede ser el gasto social o el de seguridad.

Cuarto, dado el comportamiento de los precios del petróleo se puede anticipar que los mismos sigan en espiral ascendente, lo cual quiere decir que una reducción de impuestos tendría un efecto temporal (probablemente de unas pocas semanas, a lo sumo unos meses), mientras que la merma en los recursos del Estado sería un efecto permanente.

Quinto, aún cuando la medida sea planteada como de carácter temporal, hay evidencia en Guatemala de cambios a la estructura tributaria que han sido concebidos de esa manera, pero que luego se convierten en disposiciones permanentes.

Sexto, esta disposición puede ser muy visible políticamente, pero quizás no lo sea tanto en términos de mejorar el bienestar de los hogares en condiciones más precarias. Dicho de otra manera, quizás no sea la población de menores ingresos la que obtenga el mayor beneficio. Por lo tanto, si lo que se quiere es llegar a beneficiar a la población más necesitada, se pueden utilizar otros instrumentos de política pública tales como subsidios focalizados o transferencias condicionadas de efectivo. Sin embargo, para ello es necesario contar con los recursos fiscales suficientes, así como con la capacidad institucional para movilizar dichos recursos y hacerlos llegar a quien realmente más los necesita.

En resumen, lo fundamental en toda esta discusión es que las herramientas de política pública disponibles no pueden actuar sobre las causas fundamentales del alza en precios, ya que las mismas están en los mercados internacionales. En consecuencia, no hay posibilidad de corregir el problema. En el mejor de los casos podemos intentar mitigar los efectos, pero sin perder de vista la sostenibilidad y el segmento de población al cual se quiere beneficiar.

* Analista económico